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Difunden un protocolo para quienes denuncien a sacerdotes por abuso

Una de las recomendaciones es que en caso de que se decida recurrir a la autoridad eclesiástica, «que sea después de que tomen conocimiento (del delito) el mecanismo judicial estatal, el único que le va garantizar imparcialidad y las garantías constitucionales».

En la víspera del primer juicio oral por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico elaboró un protocolo con 11 recomendaciones para víctimas que denuncien a sacerdotes en sede canónica -además de la judicial- «a fin de preservar su integridad» evitando su «revictimización y manipulación» por parte de integrantes de la Iglesia.

Entre las principales medidas propuestas se encuentran la de «denunciar lo más pronto posible ante la policía o fiscalías» y, en caso de que se decida recurrir a la autoridad eclesiástica, «que sea después de que tomen conocimiento (del delito) el mecanismo judicial estatal, el único que le va garantizar imparcialidad y las garantías constitucionales».

Además, el protocolo plantea «no dar información sobre los pasos legales que se darán», «no firmar nada», «no concurrir solo o sola» en caso de ser citado a un organismo eclesiástico y «no dejarse engañar por la promesa del resarcimiento económico dentro del procedimiento canónico», entre otras recomendaciones.

El asesor legal de la Red, Carlos Lombardi, aseguró a Télam que el protocolo «es una respuesta a las normas, guías y acciones» impulsadas por Papa Francisco y los obispos para combatir los casos pederastía en el seno de la Iglesia, los cuales «no hacen otra cosa que revictimizar» a los niños abusados, porque «están están destinadas a blindar la institución».

El protocolo fue lanzado en coincidencia con el inicio del primer juicio por el caso Próvolo y obedece, además, a la presunción de que «más personas se animarán a denunciar a partir de la visibilización de la problemática. Sugerimos cómo proceder frente a la la autoridad eclesial», destacó el letrado..

Lombardi recordó que en Argentina son varias las diócesis que adoptaron protocolos contra el abuso eclesiático, pero cuestionó todas estas iniciativas dado que «se articulan con una actitud abusiva y de denegación de justicia para con las víctimas, aunque bajo un barniz de transparencia y cercanía».

«El problema central es que (los procedimientos canónicos) no respetan las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, el principal criterio para discernir si la Iglesia Católica está actuando legalmente» frente a los casos de abuso, dijo.

«De más de 100 convenciones y tratados de derechos humanos, la Santa Sede -como sujeto internacional- ha suscripto más de una docena, entre ellos la de los Derechos del Niño, que incumple sistemáticamente», agregó.

Por eso «en 2014 la ONU le hizo nueve exhortaciones para que cumpla la convención», en particular en «la adaptación de las normas internas al derecho internacional» pero también en otros aspectos.

«En este contexto, todos los protocolos o guías que la Iglesia emite buscan proteger su imagen manteniendo todo igual: la impunidad y el sistemático abuso de poder para con las víctimas», dijo.

Dirigido a víctimas, sobrevivientes y sus familias, el protocolo de la Red fue elaborado a partir de «nuestra vasta experiencia en el acompañamiento» desde un enfoque multidisciplinario, pero también «de los relatos en primera persona» de más de 100 personas abusadas .

«Ellas han sido revictimizadas, por ejemplo denegándoles las garantías del debido proceso, o manipuladas psicológicamente (por su agresor o la institución a la que pertenece), fingiendo arrepentimiento o dolor», puntualizó Lombardi..

Respecto a los dichos del papa Francisco, que animó hoy a los sacerdotes del mundo a «dar la cara» ante la crisis de abusos en la Iglesia y una «conversión» frente a los casos de pederastía, Lombardi consideró que se trata de «una respuesta moral y, por lo tanto, vacía porque éste es no es un problema moral sino legal».

«Acá no se trata de que el cura se convierta, sino de que el abusador sea puesto a disposición de la justicia y expulsado lisa y llanamente de la Iglesia, en lugar de aplicarle sanciones canónicas que son una burla», agregó.

Las once recomendaciones son:

1. Aún comprendiendo lo difícil que es hablar de un tema como éste, cuando la persona se sienta en condiciones recomendamos comunicar el hecho padecido a las personas de su confianza.

2. Denunciar lo más pronto posible ante la autoridad pública, policía y/o fiscalías cercanas al domicilio de la víctima, o del lugar del hecho. En el caso de que las víctimas fueran mujeres, niñas, niños o adolescentes, exigir el cumplimiento de la ley 26.485 en sede eclesiástica.

3. Si se decide recurrir a la autoridad eclesiástica, que sea después de que tomen conocimiento funcionarios públicos.

4. Evitar brindar datos personales y sensibles a la autoridad eclesiástica. No hacerlo NUNCA ya que es habitual que quienes abusan los utilicen en su defensa.

5. No responder ninguna encuesta que simule ayuda, imparcialidad, o pedido de datos objetivos.

6. No firmar nada.

7. Jamás entrar solx a ningún tipo de entrevista cuando el motivo de la misma sea el abuso sufrido.

8. Si la víctima fuera citada a un organismo eclesiástico, no concurrir solx. Hacerlo siempre acompañadx por una persona de confianza.

Es importantísimo exigir una copia por escrito de lo que se hable. Cuidar de que esta sea firmada por funcionario eclesiástico.

9. Evitar suministrar a sacerdote, obispo o funcionario clerical, información relativa a los pasos legales que se darán. Medida muy importante ya que la iglesia, fingiendo dolor y cercanía, utiliza esta vía para obtener información y preparar su propia defensa.

10. No dejarse engañar por la promesa del resarcimiento económico dentro del procedimiento canónico. Dicho procedimiento se inicia para investigar al abusador y constituye el principal eje donde engarza el sistema de encubrimiento que mantiene aún vigente la iglesia católica.

11. La regla de oro a aplicar para discernir si la iglesia católica está actuando legalmente es verificar que esté aplicando en sus organismos las convenciones internacionales sobre derechos humanos con la colaboración de profesionales independientes especializados en esta área.


FUente: MDZOL

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