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MÁS O MENOS POLICÍAS, ¿ESA ES LA CUESTIÓN?

Anfibia y el IDAES-UNSAM invitaron a investigadores e investigadoras de diferentes universidades nacionales a escribir breves ensayos programáticos sobre temas cruciales y urgentes para pensar la sociedad argentina actual. Los textos surfean la ola de la coyuntura y bucean las tendencias estructurales de un país tan movilizado como desigual. En este ensayo, Sabina Frederic analiza la política criminal argentina y cuestiona a partir de estadísticas que el incremento geométrico de policías en la calle sea una respuesta eficaz.

¿Más policías es igual a más seguridad? ¿El aumento del delito se soluciona con más presencia policial? ¿En qué medida la policialización de la seguridad produce delitos y delincuentes? ¿Cómo reinterpretar los datos producidos por la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-Pisac) de cara al próximo gobierno?

 

Hay algo que ratifican los datos de ENES-Pisac: el conjunto de variables que inciden sobre la probabilidad de ser víctima de un delito depende poco de los esquemas de “prevención situacional”, como la presencia policial y la cercanía a comisarías. De acuerdo con esos datos, la vulnerabilidad al delito está asociada a condiciones que las policías no dominan o las excede. El estudio, inédito en Argentina, se distingue de las encuestas de victimización porque repone las variables que inciden en la ocurrencia de los delitos desde el punto de vista de los afectados y se focaliza en la relación entre condiciones de vida y victimización.

 

La ENES-Pisac no se pregunta por qué se incrementó el delito sino quiénes, dónde y qué incrementa la probabilidad de la ocurrencia. Para ello, analizó distintos territorios, la clase social y el hábitat, y reveló que la probabilidad de ser víctima de un delito está unida a factores como: lugar de residencia, edad, clase, infraestructura, entre otras. Con el fin de desentrañar la relación entre inseguridad y estructura social, supera la encuesta de victimización cuyo principal objetivo, como sabemos, es caracterizar el delito no denunciado o “cifra negra”.

Al mostrar los condicionantes de esa vulnerabilidad social a los delitos, el estudio arroja luz sobre el hecho que el policiamiento ya sea en su faz preventiva o represiva, basado en la saturación y en cierta forma arcaica del patrullaje, resulta un recurso insuficiente. Dicen Gabriel Kessler y Matías Bruno, dos de los cuatro investigadores encargados de producir los datos sobre este componente: “Hay un claro mensaje a las políticas de seguridad: las medidas de prevención situacional tanto públicas como privadas, que gozan de mayor crecimiento en la actualidad, no parecen del todo eficaces” (2018:353)

 

Entonces, quisiera subrayar la desconexión entre política criminal y vulnerabilidad social.  Fundamentalmente, las señales de una tendencia de la política criminal a fundarse en cierta mistificación del problema de la inseguridad que se cultiva en: el espectáculo televisivo antes que en datos estadísticos y cualitativos fiables; el interés de ciertos expertos en vender su producto más que en hallar soluciones sociales; un incremento geométrico de policías en la calle; y una justicia penal y un poder político dogmáticos. Esa mistificación cuya lógica aún resta entender, no sólo no reduce la vulnerabilidad, sino que ha sido artífice de la amplificación de la criminalización de ciertas personas, grupos y prácticas. Y aunque la persecución penal pueda justificarse en el daño sufrido por las víctimas y pueda tranquilizar, no desalienta el tráfico ilegal de armas, bienes y drogas que sostienen la criminalidad. Solo parece recambiar a los protagonistas del delito. Así lo indica la literatura que refiere al Estado (ejecutivo, judicial y legislativo) como productor de violencia e inseguridad, entre cuyas más destacadas figuras de la investigación científica empírica – y no ensayística- encontramos a: Michel Misse, Pilar Calveiro, Luis Astorga, Oswald Zavala, Loic Wacquant, Philippe Bourgois.

 

En este sentido, resulta ilustrativo comparar el crecimiento geométrico de las fuerzas policiales y de seguridad en Argentina durante los últimos veinte años -con la imponente inversión pública que supuso- con la siguiente afirmación de Kessler y Bruno: “los años 2000-2009 están signados por una baja generalizada de los delitos contra la propiedad y las personas en todo el país”, pero “al tomar las cifras de ambos extremos (1991 y 2016), los hechos delictuosos en total aumentaron 2,3 veces; aquellos contra las personas, 3 veces; y contra la propiedad, 1,9 veces.” (2018: 333). Sorprendentemente, haber pasado de 178 policías cada 100.000 habitantes en 2001 a 803 en 2015, muy por encima de los 240 recomendado por Naciones Unidas, se correlaciona con un aumento de los delitos. Si bien contra fácticamente se podría argumentar que sin ese crecimiento de la tasa de policías el delito hubiera sido mayor, quisiera revisar el modo en que más policías también pueden amplificar cierto tipo de delitos y velar otros.

 

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¿En qué medida esa policialización de la seguridad produce delitos y delincuentes?

 

Primero: son los funcionarios policiales y de las fuerzas de seguridad quienes reciben denuncias, intervienen y registran delitos en flagrancia e informan al Sistema Nacional de Estadísticas Criminales (SNIC), que los convierte en datos criminales. Esos hechos son solo un porcentaje del total. Como indican las encuestas de victimización hay un porcentaje no denunciado, la cifra negra de delito. De acuerdo con la realizada por el INDEC en 2016 el 47% de los delitos contra el hogar no fue denunciado, ni el 66,3% de los delitos contra las personas. Entre estos últimos, el 71,9% de los no violentos, y el 61,2% de los delitos violentos, no fueron denunciados. Una simple comparación con el estudio análogo producido por Estados Unidos, aunque con distinta metodología, expresa que el 53% de los delitos violentos contra las personas no fue denunciado, es decir, un 10% menos que en Argentina.[1]

 

Segundo: la política de Estado centrada en incrementar la tasa de policías en todas las jurisdicciones, tanto como la orden de “sacar a la calle” la mayor proporción posible de efectivos, solo tuvo una única innovación en el ejercicio de la fuerza pública el Operativo Cinturón Sur, creado en 2011 por el entonces flamante Ministerio de Seguridad de la Nación y convertido desde 2014 en Unidades de Prevención Barrial de Gendarmería en los barrios segregados del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Esa experiencia, si bien se apoyó en una alta proporción de efectivos, consiguió atenuar la violencia interpersonal y habilitar la circulación sin miedo al delito, así como bajar los homicidios. De todos modos, la excepción confirma la regla. El mayor número de efectivos es la respuesta pública a una batería de conflictividades absorbidas por un tratamiento judicial-policial de la violencia interpersonal, los delitos, la tenencia de drogas ilegalizadas, y los consumos de drogas ilegalizadas en la vía pública, entre otras prácticas.

 

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Tercero: ese incremento ostensivo de policías, que además se encuentran mal distribuidos en el territorio nacional, produjo un gravísimo incremento de la tasa de población penitenciaria, la inmensa mayoría imputada por delitos en flagrancia. Estado nacional y provinciales apostaron a funcionarios armados para gestionar de primera mano, situacional y discrecionalmente, qué prácticas y personas son criminalizables y cuáles no. Junto a ellos/as un número significativo de funcionarios judiciales y políticos, detrás de sus escritorios, se convirtieron en operadores clave en esa decisión, usando para ello a la policía -no con poca frecuencia- como chivos expiatorios de sus propias decisiones. Como se sabe, el margen de discrecionalidad situacional de la policía en cualquier lugar del planeta es muy amplio. Se regula por su presencia e interacción “in situ” con las personas que visiblemente cometen un supuesto delito; sin protocolos ni capacitación adecuada, no reconoce mucho más límite externo que la video “vigilancia” de cámaras fijas y celulares. Así, más policías equivalieron a más hechos criminalizados. Como indica por ejemplo, el crecimiento del delito de “resistencia a la autoridad” y las detenciones por “tenencia de drogas ilícitas” para consumo o microtráfico; y una amplificación de las prácticas sociales “criminalizadas”. Según indican Daniel Jones y Lucía Ariza: “De todas las formas de discriminación, vulneración de derechos y violencia institucional relevadas por la ENES-Pisac, los mayores porcentajes (8%) se dan en el maltrato o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos.” (2018: 381)

 

Entre los efectos más evidentes de ese fenómeno encontramos la sobrepoblación carcelaria de jóvenes varones y mujeres de sectores sociales segregados, que no sólo ocasiona más gastos al Estado -para aquellos que solo se preocupan por lo números-, el delito no descendió, mientras que los grupos familiares de estas personas quedan pulverizados. Una tasa de crecimiento de la población penitenciaria al ritmo del 3% hasta 2015 que desde 2016 saltó al 11% anual debería convertirse en prioridad en materia de seguridad. Hay un costo social que los números no alcanzan a dimensionar y que debiera alertar al gobierno futuro, ante los miles de jóvenes hacinados que no reciben el adecuado tratamiento penitenciario, ni pos penitenciario. Reitero, mayor número de policías sí se asocia al incremento de detenciones, no así a la baja del delito.

 

Una reciente publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales[2] reúne y analiza información muy dispersa para mostrar aquello que las estadísticas del Estado sí ocultan: cómo la “guerra contra el narcotráfico” se ha convertido en “guerra contra les pobres”. Allí se dice que, según el Registro Nacional de Reincidencia en 2016, el 86% de las sentencias en el fuero federal por drogas tuvieron penas de cuatro años o menos. Si se analizan los casos de comercio, solo 244 de 1538 obtuvieron condenas de cinco años o más. La publicación señala que “el hecho de que las sanciones hayan sido, en general, por pocos años sugiere que los delitos eran menores y que no implicaron situaciones de violencia” (CELS, 2019). También menciona que en “la provincia de Buenos Aires hubo un aumento de más del 300% en la cantidad de causas iniciadas por consumo y narcomenudeo: pasaron de 13 948 en 2006 a 48. 046 en 2017” (CELS, 2019).

 

Ahora bien, sólo negando esa realidad, efecto de la mistificación del problema de la seguridad, es que puede entenderse el ensalzamiento del registro que realiza el SNIC y ponderar su calificación por Naciones Unidas, sin explicar que se otorga en virtud de mejorar el procesamiento de esa información. Creado en 1999, como muy bien señalan María Pita y Hernán Olaeta (2018), el SNIC arrastra un número de inconsistencias en los sistemas clasificatorios de las policías entre sí y respecto del código penal.[3] Su sesgo está ligado además a las presiones de la cadena de mando que incrementan la actuación policial y con ello el delito, o alternan las zonas en que se registra.  Si bien no se trata de renunciar a ella, es muy insuficiente. Debiera complementarse con la producida por el sistema judicial para alcanzar un adecuado diagnóstico de la ruta del proceso penal desde el procedimiento policial hasta la sentencia.

 

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Dicho esto, la ENES-Pisac nos merece una última reflexión sobre el Estado, las estadísticas, como dato numérico, y el poder. Pues parece que de un tiempo a esta parte las estadísticas serias como insumo para los análisis científicos dejaron de ser soporte del poder de Estado, de su capacidad para ver e informar sobre la Nación y su actuación sobre ella. Ni siquiera lo son para el gobierno de Cambiemos. En su lugar, se potenciaron la mística de las imágenes y su reverberación en redes sociales y otras fuentes de circulación en el espacio político mediático. Como la exhibición espectacular de decomisos de armas, drogas y dinero, que emerge como el parámetro de éxito de las políticas de seguridad. Así fue ganando terreno la desconfianza en las estadísticas y en el dato numérico como fuente de decisiones en la actuación estatal. Se verá en el largo plazo si esto evidencia la reconfiguración del Estado en los tiempos que corren, y si se sostiene la “seguridad” entre los núcleos de la dramatización de su poder. Si algo nos deja el ENES-Pisac, es la convicción del valor del conocimiento producido por las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales para repensar la agenda pública desde organismos públicos con cierta autonomía de las fuentes de dramatización del poder de Estado. Sin ello, ninguna política de seguridad podrá ser auditable, ni podrá saberse si la inversión pública crecientemente destinada a ella, logró proteger a los habitantes de este suelo.

Fuente :Citrica

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