DDHH

¿QUIÉN ORDENÓ MATAR A BERTA CÁCERES?

Por Alejandro Díaz-2 de setiembre de 2020

El pasado 26 de agosto, luego de vencer los plazos de la prisión preventiva, y de intentar todas las dilaciones posibles, el aparato judicial de Honduras llevó a juicio oral y público a Roberto David Castillo Mejía, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Berta Cáceres.

En la noche del 2 de marzo del 2016, un grupo de sicarios ingreso en la vivienda de Berta Cáceres, en la localidad de La Esperanza, Honduras. Tres impactos de bala arrebataron la vida de la referente del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización, que nuclea a las comunidades de la cultura Lenca, se volvió un icono de la lucha y resistencia contra el imperialismo capitalista. Aquella noche también fue herido el activista Mexicano Gustavo Castro Soto.

Este crimen político fue el resultado de un proyecto económico impuesto por la violencia, a través de una red de corrupción estructural donde operaron, y operan, funcionarios civiles y militares del estado, representantes del sistema empresarial y financiero, y un “ejercito” de mercenarios, hijos de la cultura del sicariato.

El gobierno hondureño entregó, de manera ilegal, la concesión del Rio Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de CV (DESA) para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. A partir de esto comenzó una serie de reclamos y protestas por parte de las comunidades del país caribeño. La empresa DESA tiene como principales inversores a la compañía PEMSA (Potencia y Energía de Mesoamérica S.A.), propiedad de David Castillo, uno de los imputados en la causa. Y a Inversores Las Jacarandas de la familia Atala Zablah, una de los grupos más acaudalados de Honduras.

Este crimen no es un hecho aislado, ni tampoco un crimen pasional como se intentó establecer en un principio para desviar las investigaciones, entre otras maniobras con iguales fines. Este crimen entra dentro de una lógica de deconstrucción social y cultural, al que son sometidos los países latinoamericanos de forma coordinada. Honduras es desde hace años, una de las regiones con mayor cantidad de hechos de violencia producto de la fuerte presencia de pandillas y organizaciones criminales. Estas maras son los hijos huérfanos de las invasiones de los EEUU, y la implementación de una cultura de violencia desde mediados del siglo pasado.

En el informe “Represa de Violencia: El plan que asesino a Berta Cáceres”, realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), llevado a cabo en noviembre del 2017, se lee: “El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca. La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar una ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.»

Cabe recordar que, en el año 2011, el COPINH había realizado un acuerdo con el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Soso, quien había asumido el compromiso de no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de consultas libres, previas e informadas. Las cuales nunca se llevaron a cabo. En el 2010, el congreso de la República aprobó la concesión del Rio Gualcarque en favor de la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a pesar de que, en 1995, el gobierno hondureño se había acoplado al convenio 169 de la OIT, el cual establece la necesidad de realizar consultas con los pueblos afectados.

El informe también agrega: “El nivel de influencia política llevó a que en las áreas afectadas por la construcción del proyecto Agua Zarca se instalaran unidades de la Policía Preventiva y del Batallón No. 10 de Ingenieros de Siguatepeque en la Aldea El Barreal y, posteriormente, en San Ramón, a expensas de la empresa y con la aprobación del Gobierno. En ese marco, las fuerzas de seguridad del Estado fueron utilizadas para velar por las instalaciones de la represa en construcción y la maquinaria, incumpliendo el deber de protección de la población y de derechos humanos fundamentales, como la integridad y vida de las personas. La defensa de los intereses de la empresa por sobre los derechos de las personas, llevó a que en el marco de una protesta del COPINH, realizada el 15 de junio de 2013, un soldado del Batallón No. 10 de ingenieros diera muerte al líder Tomás García, donde también fueron heridos Allan García y Desiderio Méndez. La defensa penal del soldado fue costeada por la empresa.»

Los autores del crimen

Por el asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto fueron procesados: Teniente Segundo [R] Roberto David Castillo Mejía, acusado de ser el autor intelectual. Ocupó cargos en la Inteligencia Militar antes de pasar al ámbito privado. Entrenado en West Point, la academia militar norteamericana. Fue Presidente del Consejo de la Administración y representante legal de DESA. En el año 2007, formo parte de los cuadros que actuaron en la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), la cual fue la última empresa de energía en ser privatizada en América Central. Fue una de las tres personas de la comisión de ENEE que estaba negociando contratos con la constructora Odebrecht, la firma brasilera perseguida por los escándalos de corrupción en varios países. Su situación aún está en juicio.

Distintas suertes corrieron otros de los integrantes de esta patota criminal, que fueron encontrados culpables de los cargos que fueron acusados. Ellos son: Teniente [R] Douglas Geovanny Bustillo, quien se desempeñaba como Jefe de Seguridad de DESA, y quien fue durante el periodo 2003-2005, Jefe de Seguridad del Presidente del Congreso, y luego fue nombrado Teniente del Quinto Batallón (Al servicio de Castillo Mejía, fue el eslabón entre las Fuerzas de Seguridad Estatales y las milicias privadas al servicio del capital. Fue quien planeo y superviso, en tiempo real, el operativo que culmino con el asesinato de Berta Cáceres y dejo herido a Gustavo Castro Soto); Mayor Mariano Díaz Chávez, quien oficio de Jefe de Inteligencia del Primer Batallón y también como instructor de la Policía Militar (Chávez suma causas por secuestro, tráfico de estupefacientes y lavado de activos desde el 2003. En el 2007 estuvo involucrado en un tráfico de armas de origen estadounidense que llegaron a manos del Cartel de los Zetas en México. Participo junto a Bustillo de la logística e identificación de los sicarios que realizaron el atentado contra los activistas); Sergio Ramón Rodríguez Orellana, quien es ingeniero y trabajaba como Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA (Fue autor de evaluaciones de impacto social y ambiental para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Se encargaba de coordinar las actividades de desprestigio y de persecución a través del aparato legal contra los opositores del proyecto de Agua Zarca. Además, monitoreaba las actividades de Cáceres y otros referentes del COPINH, a través de red de informantes); Henrry Javier Hernández, fue recluta del 15º Batallón, bajo Mando del Mayor Mariano Díaz (Luego de retirarse de las fuerzas armadas, se ocupó como seguridad en empresas privadas como Dinant (Corporación de aceite de palma) y Wal-Mart. Respecto al atentado fue la persona a cargo de realizar la inteligencia para identificar el domicilio, y seleccionó y dirigió al grupo de sicarios que ingresaron a la vivienda aquella noche. Fue quien disparo contra el mexicano Gustavo Castro.

Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana y Oscar Aroldo Torres Velázquez fueron acusados de ser los sicarios que intervinieron en el ataque).

Otra excepción es la de Emerson Duarte Meza, quien es gemelo de Edilson: fue acusado luego de que se encontrara en su domicilio el arma utilizada para el atentado, pero no se encontraron evidencias de que haya participado en el atentado, y por tal motivo fue sobreseído de esos cargos.

Estas personas trabajaban de forma coordinada, bajo dirección de un aparato corporativo criminal, utilizando y disponiendo de los recursos del Estado, así como también de los funcionarios de las fuerzas de seguridad, las cuales trabajaban bajo órdenes de los privados.

“Para el desarrollo de la estrategia de desprestigio, DESA conformó y financió un equipo de expertos y asesores, incluido el pago a periodistas para difundir la desinformación y ocultar los procedimientos arbitrarios en contra del COPINH y de Berta Isabel Cáceres Flores».

Las presiones y las amenazas sobre los referentes del COPINH llevaban años, ya desde el 29 de junio del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presento medidas cautelares para que el Estado de Honduras adoptara “las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad personal” de Berta Cáceres.

“Las comunicaciones efectuadas entre las personas relacionadas son consistentes para establecer que el operativo del 2 de marzo de 2016, en el cual dieron muerte a Berta Isabel Cáceres Flores y atentaron contra la vida de Gustavo Castro Soto fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa, siendo dicha información, determinante para la ejecutar dicho operativo”.

Sistema Financiero Inmoral

“DESA recibió financiamiento de bancos internacionales para el desarrollo, la construcción, instalación y operación de Agua Zarca. En el 2012, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo directo cofinanciado por hasta USD $24.400.000.00 a favor de Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA). El 27 de febrero de 2014, el Banco holandés para el desarrollo (FMO) aprobó un crédito para el proyecto Agua Zarca por USD $15.000.000.00, el cual es ampliado el 10 de marzo de 2015; y, Finnfund aceptó actuar como un prestador B”.

¿Cómo podrían funcionar estas bandas criminales sin el debido financiamiento? ¿Quiénes deben asumir las responsabilidades empresariales en los crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente?

“La preocupación sobre el nivel de violencia, la falta de consulta previa y otros aspectos del proyecto fueron comunicados al público y directamente a los bancos internacionales que apoyaron el proyecto a través de cartas, denuncias e informes”.

“Estas comunicaciones advertían de los ataques de que eran objeto los opositores al proyecto Agua Zarca y los temores ante el incremento de actos de “violencia en la región”, destacando los actos de “criminalizarnos, amenazando permanentemente con desalojos y violencia, inventando acusaciones falsas contra nuestros compañeros y líderes Lencas, reprimiéndonos con violencia, hasta llegar al extremo del asesinato”.

“El apalancamiento de Agua Zarca por parte del sistema financiero internacional, a pesar de las circunstancias anteriormente señaladas, constituye una negligencia deliberada. Teniendo conocimiento efectivo de la ejecución de actos por parte de DESA, a la que se señalaba la responsabilidad en ataques contra de los derechos humanos, por la acción de sus agentes, el sistema financiero internacional prefirió mirar para otro lado y mantuvo el financiamiento y funcionamiento de quienes desarrollaban esos actos criminales».

Los crímenes contra los derechos humanos en Honduras se cuentan por miles. La tarea de visibilizar de manera global, aunque sea tan solo uno de ellos, abre las posibilidades de romper los cercos omertosos del poder, y adentrarnos en la lógica de una mente criminal que tiene un diseño, una preparación y una ejecución premeditada. La vida de nuestros ríos, la vida de nuestros jóvenes, la memoria de nuestros ancestros está en nuestras manos.

“Despierta Humanidad, ya no hay más tiempo”, Berta Cáceres.

Fuente: antimafiadosmil.com

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