Igualdad

Alerta Jujuy: cuatro femicidios en una semana

Los femicidios de Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala y Gabriela Cruz trazaron la geografía de las violencias de género en una provincia que tiene leyes, comités y organismos para prevenir pero que son cáscaras que cubren un sistema hiperconservador y punitivista de los deseos y las luchas mujeres, lesbianas, travestis y trans. El duelo y la rabia colectiva esta vez tomaron las calles y quienes allí estuvieron sienten el eco de lo que ocurrió en 2015 con el primer Ni Una Menos. Vientos de rebeldía se agitan en Jujuy -donde Milagro Sala sigue presa- y marcan un límite a la inercia de las tradiciones. Radiografía de una sociedad en la que la represión a las marchas no pudo callar el grito:   “Paren de matarnos”.

Cuando todo parecía que nada podía empeorar más el ya ensombrecido escenario jujeño, con los pueblos tomados ­por el coronavirus y la crisis económica y social arrasando, estalló la primavera. En forma virtual, de espaldas al esfuerzo diario de docentes, trabajadorxs, personal sanitario y familias precarizadas, la provincia dispuso fiesta nacional de lxs estudiantes el 21S, una celebración que elige reinas pero que no pueden ser chicas trans. La apertura estuvo a cargo del grupo “El Chino y la Revelión”, con su hit “Casi la mato”: “Le disparé sin importarme si moría y diga señor juez qué haría en mi lugar al ver su vida así desvanecer; por eso señor juez si salgo en libertad le juro que esta vez la mataré”. Hubo repudio de las organizaciones feministas mientras se transitaban duelos colectivos. Apenas semanas atrás se había encontrado el cadáver de Cesia Nicole Reinaga en un pozo de Abra Pampa. Le siguieron las desapariciones y los femicidios de Iara, Gabriela y Roxana. Al cierre de esta edición buscaban en San Pedro de Jujuy a una adolescente que se ausentó el lunes. Otra mujer, Berta Luz Jaramillo, había llegado sin vida a la clínica de Ledesma tras una discusión con su pareja. Alguien de la familia dijo que sufría violencia de género. Tenía un corte en la frente y hematomas en el tórax, pero se determinó el fallecimiento por un edema de pulmón y la Justicia descartó un intento de femicidio. Las mujeres de Fraile Pintado, donde vivía Berta, habían marchado esa semana en reclamo de Justicia por las demás. Quisieron volver a salir por ella, y las frenaron. Para la Justicia no hubo muerte traumática que revelara un hecho violento. Pero las alarmas ya se habían encendido, comenzaron a fortalecerse las redes feministas y por primera vez en la historia miles se movilizaron en cada pueblo por una vida libre de acoso, autoritarismo, opresiones, discriminación y violencias. Para levantar, una vez mas el “paren de matarnos”.

¿Quieren saber a quiénes escucha Gerardo Morales?” pregunta Romina Herrera, integrante de la Mesa Ejecutiva Provincial del Movimiento Evita, y una de las activistas feministas que participaron en la elaboración del documento “Setiembre nos duele en Jujuy: 4 mujeres asesinadas”, en rechazo a la Ley Provincial N° 6.185, que crea el Comité Interinstitucional permanente de actuación ante desaparición de mujeres, niñas y personas de la diversidad, un refrito de otro protocolo presentado en 2017 y que el gobernador volvió a sacar entre gallos y medianoche. “Morales no escucha a nadie – se responde-, porque el gobierno provincial nunca contuvo, ni acompañó, ni intervino, ni buscó a las desaparecidas y nunca estuvo a la altura de las circunstancias.”

Iara Rueda tenía 16 años y desapareció el 23 de septiembre, a los cinco días “la encontraron en un terreno entre los yuyos donde ya habían buscado” recuerda con desolación su madre, Mónica Cunchilla. En todo ese tiempo movió cielo y tierra de Palpalá y en las redes sociales. La foto y la búsqueda, una conjugación que demasiadas veces se transforma en el preámbulo de los femicidios. Ese 28 de septiembre, en Perico, cumplía años Roxana Masala, pero decidió marchar con sus compañeras del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE) para pedir Justicia por Iara. Al regresar, su marido la asesinó y después se suicidó. A Cesia la encontraron el 8 en el tanque de un ex matadero municipal de Abra Pampa, a cien kilómetros de donde Mónica duelaba por su hija compartiendo la rabia y los abrazos con una multitud. “Nos están matando”, gritaba, mientras cortaban la Ruta 66. En el kilómetro 26 de esa ruta está la ciudad de Perico, donde en enero Pamela Chosco, de 26 años, “murió ahogada”, según la versión oficial. La familia alertó sobre las violencias que vivía con su pareja. Sin embargo, la causa se cerró y en la carátula figura “muerte accidental por ahogamiento”. A su nombre y a ese territorio se le superpusieron el de Gabriela Cruz, desaparecida desde el 24 de septiembre. La encontraron el 1 de octubre en las serranías de Zapla. Cuando las marchas ya eran un mismo clamor, su ex pareja confesaba que la había matado tras una discusión.

Todas las familias además del duelo tenían un punto en común, no confiar en la Justicia ni en la Policía de Jujuy que reprimió las marchas con ferocidad. Declaran que las investigaciones policiales demoran mucho, que ellxs tuvieron que encargarse de las búsquedas y los rastrillajes, que la Justicia es lenta y el Estado es el principal responsable.

Las compañeras de Roxana pidieron la renuncia de Ekel Meyer, el secretario de Seguridad, por culpabilizarla de haber vuelto con su pareja violenta, y denunciaron la deficitaria acción institucional. “La situación en Jujuy es terrorífica”, expresaron en un comunicado. “Hay una ola de desapariciones de mujeres. Más de 15.000 personas marcharon para pedir Justicia por Iara y la aparición de Gabriela Cruz y Violeta Avalos, y fueron brutalmente reprimidas. Violeta Ávalos apareció con vida, la encontraron unos vecinos: la policía y la Justicia no hacen nada. Esta situación no se aguanta más, el Estado cómplice y ausente no las busca, el gobierno reprime a la comunidad.”

La mayoría de los femicidios registrados este año en Jujuy ocurrieron en medio de denuncias por desaparición, según relevó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La cartera empezó a coordinar acciones de acompañamiento a familiares de las víctimas, para colaborar en las investigaciones penales y unificar los protocolos de búsqueda. En su pedido de declaración de emergencia en violencia de género, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy reclaman la celeridad indispensable en los procedimientos de actuación judicial y de seguridad frente a las desapariciones. “Rastrillajes y averiguaciones policiales y fiscales de cámaras, celulares; las comunicaciones deben ser urgentes para encontrarlas con vida, no después de muertas.” Piden además políticas de género con presupuesto real, trabajo territorial preventivo, centros de atención y refugios por barrios o distritos, mayor cantidad de profesionales especializadxs, inclusión de promotoras especializadas en género, apertura de los juzgados especializados, reanudación inmediata de las medidas de protección de las víctimas.

Es la primera vez que todos los pueblos de la Quebrada de Humahuaca convocan a una movilización. En Abra Pampa organizaron una semana de actividades por los femicidios. A sus 16 años, Fran, la hija de la comunicadora y activista feminista Teresa Jordán, participó de esas jornadas con otras 25 chicas de pueblos de la Puna. Por primera vez también, los medios jujeños supieron leer la conmoción social y no habló de malas víctimas. “Si bien acá el movimiento feminista tiene mucha fuerza, me da la sensación de que a Jujuy el Ni Una Menos le llegó cinco años después”, reflexiona Teresa. “Estas desapariciones y muertes tocaron fibras profundas y la necesidad de decir basta de miles de personas autoconvocadas.”

Jujuy es una provincia que Morales se encargó de desmovilizar cuando a fines de 2015 llegó para gobernarla. “Desarticuló todo. El parteaguas fue meter presa a Milagro Sala”, afirma Teresa. “Él pregona cierta paz social, pero conocemos de sobra su autoritarismo. La semana pasada sacó un decreto prohibiendo que se indulte a los femicidas, un discurso punitivo que las feministas no avalamos. Nos presenta como sectores reaccionarios, cuando hay una ausencia de políticas públicas y somos nosotras las que siempre ponemos el cuerpo en los barrios. En toda la gestión de Morales, jamás refirió a un femicidio ni salió a responder con medidas.”

Según el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Jujuy reporta la tasa más alta del país en lo que va del año, con 2 femicidios cada 100.000 mujeres, y ya suman 11 asesinadas. Las cifras del Consejo de la Mujer que preside Alejandra Martínez, enumeran 11 muertes violentas de mujeres: 8 femicidios, 2 casos en proceso de investigación, y un caso no catalogado como femicidio por la Justicia, el de la comunicadora y militante feminista Rocío Fernández, el 2 de junio último en Humahuaca. La autopsia determinó que Rocío y su pareja, Sergio Beristaín, murieron por intoxicación con monóxido de carbono, pero el 3 de junio el colectivo feminista salió a marchar por Ni Una Menos y denunció que la policía tardó más de seis horas para ingresar al domicilio. La muerte de Rocío sigue sin esclarecerse, y el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que aplica sanciones contravencionales a las que marcharon el 3J. “Hablar de femicidio en nuestro pueblo perjudica la reactivación del turismo”, indicó el autor del proyecto, el concejal Oscar González, de Juntos por el Cambio.

“Vivimos en un territorio donde las violencias se naturalizan y los casos de femicidio se encubren”, subraya Marina Vilte, del Movimiento Ailén Chambí, una de las 500 organizaciones feministas que rechazaron la Ley Provincial N° 6.185, porque no contempla la contención y el acompañamiento de las familias de las víctimas y no la consideran una medida que apunte a la prevención contra las violencias de género y los femicidios.

En un manifiesto colectivo, expresan que se trata de una ley “de aprobación express”, sin consenso con otros bloques de la Legislatura que trabajan hace tiempo la temática de violencias de género, ni con las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que sostienen el acompañamiento, la contención y la asistencia a las víctimas, y sus reclamos por justicia y políticas públicas efectivas. “Si (el Gobierno) hoy habla de este tema, es porque se vio forzado a justificar su inacción ante la masividad de los reclamos, tras cuatro días de marchas en toda la provincia y con más de 10.000 personas poniendo el cuerpo en la calle en la capital provincial.” Marina observa que los manotazos de ahogado del gobernador no se reflejan en presupuestos vinculados a la prevención y contención de situaciones de violencias de género. Muchos municipios no están en condiciones de mantener los Centros de atención integral a las víctimas de violencias de género, y los equipos de psicólogxs, trabajadorxs sociales y abogadxs están precarizados. Pasan meses sin cobrar, afirman las referentas de las organizaciones que realizan acompañamientos. “No tienen enfoques más integrales y comunitarios, y las demandas necesitan ser construidas por redes. No basta con ir una vez por semana a terapia”, cuestionan.

“Tampoco hay subsidios habitacionales”, agrega Marina. “Con la pandemia tuvimos muchísimos casos de personas que quedaron en situación de calle y las soluciones que presentaba el gobierno eran bolsones de comida. De vez en cuando intervienen referentes nacionales que resuelven a nivel individual, por ejemplo, gestionar un hotel para la víctima.”

Esta semana, la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura de Jujuy, que preside Leila Chaher, recibió a familiares de víctimas y a organizaciones sociales que trabajan en prevención de las violencias contra mujeres y diversidades, para consensuar un proyecto común de Ley de emergencia en violencias de género. “Es la única manera de garantizar que las leyes que se aprueban contemplen las necesidades de las mujeres de Jujuy”, dijo la diputada. Fátima Tisera es una de las legisladoras del Movimiento Evita en el Frente de Todxs que integran la Comisión y que acompañó las movilizaciones. Fue también una de las voces más críticas en la sesión del 2 de octubre, cuando se trató el proyecto de creación del Comité interministerial. “No quiero ver a mis amigas en un cartel de ´Se busca´, no quiero salir a marchar por mi hija. Me duele la indiferencia con que se manejan. Por qué no convocan a las organizaciones, por qué no dicen que son las organizaciones las que se mueven cada vez que hay un caso de violencias”, dijo en su exposición. “No nos dan respuesta. Si voy a denunciar, no hay quien tome una denuncia, somos nosotras las que nos acompañamos en todo momento. La falta de Estado fue lo que provocó la muerte de cuatro chicas en un mes.”

Fátima es la legisladora más joven de la provincia. Tiene 23 años y relata estrategias de supervivencia que comparte con vecinas y amigas para poder volver a casa, “y que no las desaparezcan”. Grupos de Whatsapp por barrio, postas de encuentro, mapas de zonas iluminadas, gas pimienta y navajas son recursos habituales, se niegan a naturalizar las desapariciones y a seguir soportando violencias. “Pero necesitamos que el Estado se haga presente, sin necesidad de crear otra ley para que nos protejan. En el año sólo tuvimos ocho sesiones legislativas penosas, ni siquiera fueron por la pandemia, y ahora salen con el operativo de un Comité. Nos sentimos violentadas porque el mismo Estado nos violenta. No sabe cómo actuar, no hace seguimientos. El Consejo de la Mujer brilla por su ausencia. Su presupuesto equivale a 6,50 pesos por cada mujer. Eso es lo que nosotras valemos.”

La provincia, cuenta Fátima, derrama dolor en fiestas clandestinas “de funcionarios con chicas jovencitas”, en familias desechas por los rastrillajes y las búsquedas, en violencias de género denunciadas dentro de la propia fuerza policial, en el desinterés grosero por las capacitaciones de la Ley Micaela, en los llamados de mujeres que en esta pandemia no pueden seguir conviviendo con sus agresores y no hay adónde llevarlas. “Vivimos en una provincia ultraconservadora, donde es difícil abordar temáticas como violencias o salud sexual y reproductiva. Cuesta implementar la ESI en los colegios y el aborto no está bien visto, la Iglesia tergiversa todo y dificulta cualquier abordaje. Nosotras decimos que no se trata de aborto gratis y misoprostol, sino de respetar la decisión de las personas gestantes, que la maternidad será deseada o no será.”

¿Y las escuchan?

-Capaz ahora un nuevo tiempo se abra. No se trata de revanchismo político, sino de la seguridad de las jujeñas. Levantamos con orgullo la bandera del Ni Una Menos, es una lucha que venimos dando.

Romina Herrera cree que las movilizaciones lograron desnudar a un Poder Judicial que hace agua por todos lados. “Los tribunales de género no dan abasto ni tienen conexión con los territorios, hay pocas oficinas y personal con contratos precarios. Las compañeras que trabajan en la Justicia no tienen permanencia y eso afecta el seguimiento de los casos”, explica. “Las medidas cautelares no salen a tiempo, se demora hasta un mes en sacar al agresor de la vivienda, y las denuncias son estigmatizadas. Tampoco hay estadísticas ni está centralizada la información. Una política fragmentada genera ineficiencia, pocos recursos y nula articulación con las comunidades, y eso da cuenta de que en la provincia no existe un abordaje serio ni políticas públicas reales.”

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia investiga al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, por violencia de género y mobbing laboral, con denuncia penal y pedido de juicio político incluidos. En su ministerio radica la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Jujuy es una de las pocas provincias que ostentan algunas políticas locales para enfrentar las violencias, como el Juzgado de Género, las Oficinas de atención a las víctimas y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD). “Pero estas políticas son sólo cáscara vacía, sufren recortes constantes o están a cargo de funcionarixs que no presentan el perfil necesario y afectan el acceso efectivo a la Justicia. Ni hablar de políticas de reparación y acceso a trabajo digno”, precisa un comunicado de la Fundación Juanita Moro.

En 2017, a dos años del primer Ni Una Menos, el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Moisés, hablaba de “lo impresionante” de los embarazos adolescentes, en el documental La cena blanca de Romina. ”No me va a decir usted a esta altura de la vida que eso no es por mutuo consentimiento”, se quejaba. La película guionada por Olga Viglieca atraviesa una imagen de la juventud jujeña que añora la cena blanca -la finalización del secundario-, en diálogo con la condena a Romina Tejerina. En la cena blanca se crea una melodía entre la cumbia y la palabra de los sacerdotes de las iglesias.

Moises dejó la intendencia de San Pedro después de cuatro mandatos consecutivos, pero el resabio feudalista, pacato, misógino y patriarcal sigue brotando. Entre anuncios y protocolos se revela las ausencias de la Ley Micaela, de la ESI y de la ILE. El 85 por ciento de los embarazos de menores de 15 años son producto de abusos. El año pasado, casi al mismo tiempo que Purmamarca era declarada ciudad provida, en San Pedro de Jujuy se le practicó una cesárea a una niña que había sido violada por un vecino de 60 años. Con su madre solicitaron la Interrupción Legal del Embarazo, pero el sistema de salud obstaculizó el acceso a ese derecho, pese a que en la provincia está vigente el Protocolo para la atención del embarazo en adolescentes, redactado con Unicef, que establece que «cualquier embarazo en una niña menor de 13 años es producto de abuso sexual y puede acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”.

Este 26 de septiembre, la provincia adhirió a la Campaña #PuedoDecidir, en el Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado. Sin embargo, con la emergencia sanitaria dejaron de funcionar algunas Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, se dificulta la entrega de medicación anticonceptiva y el sistema de salud pública no está pudiendo dar respuesta a las consultas por ILE correspondientes al segundo trimestre de gestación.

Las movilizaciones de estos días temen respirar un tiempo en sinfín: “No terminamos de enterrar a una que nos matan a otra”. Pero saben que el punto de inflexión ya hizo pie en todas las calles de cada ciudad. Decir “Basta” significa dejar de ser presencias en ausencia, un montón de huesos descartados en zanjas, en bolsas o en descampados. Esta vez, las brujas van a exorcizar los disciplinamientos por llevar pollera corta, por negras o por putas. Todas las vidas valen.

Fuente:Pagina12

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