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Más de 100 organizaciones y activistas de DDHH condenan ataque contra Fundación Mavid

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Un total de 107 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanossuscribieron un comunicado para condenar el allanamiento ilegal realizado el pasado 15 de febrero a la sede de Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid), en el estado Carabobo, y la detención arbitraria durante siete horas de sus directivos Jhonatan Mendoza, Wilmer Álvarez y Manuel Armas.

Eduardo Franco, presidente de la fundación que defiende los derechos de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde 2003, informó que el allanamiento a su sede fue realizado sin orden judicial y cuando las instalaciones se encontraban cerradas.

También denunció el pasado 15 de febrero, que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se llevaron de forma arbitraria los medicamentosantirretrovirales y las fórmulas lácteas que tenían para madres en gestación y niños con VIH-Sida, provenientes de donaciones. También incautaron  equipos, materiales y documentos de la organización.

Violación del derecho internacional

En el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, difundido este domingo 17 de febrero en el sitio web de Provea, reafirman el derecho humano a la asistencia humanitaria por parte de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

“Estos actos de allanamiento ilegal y de detenciones arbitrarias contra actores que defienden los derechos humanitarios sientan un grave precedente en el contexto de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela que pueden constituir violaciones del derecho internacional”, señalaron.

Finalmente las asociaciones, que incluyen a Acción Solidaria, Azul Positivo y Mapani, solicitaron a la comunidad internacional “hacer seguimiento a la labor de los actores humanitarios y de los defensores de derechos humanos en Venezuela, velar por su protección y exigir las garantías de su derecho a defender y atender a las poblaciones más vulnerables en el país”.

Fuente:Eco Cuyo

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