Política

Guerra jurídica a la política

Los dirigentes del oficialismo y la oposición intentan profundizar e intensificar el debate de los asuntos públicos, llevando el conflicto a los tribunales y los juzgados al Congreso

Lawfare en carne viva. La exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, podría resultar escandalosa si fuera una narrativa nueva. Pero no lo es. Ahí nomás, todavía está fresco el ejemplo del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entre tantos otros, como la muestra más acabada de estas prácticas de un sistema mafioso que impera en la región.

Los especialistas dicen que el Lawfare es la utilización ilegal de herramientas jurídicas para la persecución política, el manejo de las leyes como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Un mecanismo de judicialización de la política, que hace que el aparato de los tribunales se erija por encima del Poder Ejecutivo y Legislativo para establecer una “dictadura de los jueces”.

Pero esta conflagración jurídica necesita articularse con los medios de comunicación y redes sociales, operando a favor o en contra de determinadas figuras, grupos o sectores políticos, con el propósito de lograr el favor popular. Porque la derrota del adversario no se concreta si no es con el consentimiento de la “opinión pública”.

La “legitimidad” en el proceso de Lawfare está concedida en la opinión consensuada por gran parte de la sociedad sobre la responsabilidad de los gobiernos progresistas, llamados despectivamente “populismos de izquierda”, sobre la “corrupción política” como la responsable principal de la pobreza, el atraso, y el fracaso del desarrollo económico en América Latina.

Los autores intelectuales del Lawfare son los mismos creadores del Consenso de Washington. Las instituciones financieras internacionales, acompañadas por el brazo armado de las agencias del gobierno norteamericano, para la promoción del ajuste estructural de nuestras economías y de la modernización del Estado en los años 80 y 90, y nuevamente ahora. El único propósito, a corto y mediano plazo, es alcanzar la restauración del neoliberalismo en los países de nuestra región.

Resulta por lo menos paradójico que en un año electoral, en momentos en que la actividad política recobra sentido para buena parte de la sociedad, los dirigentes del oficialismo y la oposición intentan profundizar e intensificar el debate de los asuntos públicos, llevando el conflicto a los tribunales y los juzgados al Congreso.

Elegidos de ternas no vinculantes por el Ejecutivo, y con el acuerdo celestial del Senado, de pronto los jueces parecen haberse transformado en seres imparciales e impolutos, ajenos a la disputa social y política, a la lucha de intereses y de poder que vive la sociedad argentina.

La batalla política se libra en los juzgados. Los jueces giran el combate judicial hasta el Congreso. Prolifera un creciente número de demandas y recursos interpuestos que procuran dirimir cuestiones de política pública y controversias que son de orden político en los tribunales. O en el mejor de los casos, con los jueces compareciendo ante los legisladores en los salones del Congreso.

Las decisiones más trascendentes para nuestro país son sometidas a la aristocracia del saber. Votamos en elecciones libres y soberanas para que nos gobierne una juristocracia de las leyes y el Derecho. En un esfuerzo por retener el poder, la élite dominante se refugia en un nuevo escenario que no es precisamente el lugar más propicio para la política.

En los juzgados, los conflictos políticos se despolitizan, en tanto se resuelven sin la participación popular. Mientras en el Congreso, el lugar natural para el debate político, los asuntos públicos se tribunalizan.

Ya no se trata tan sólo de judicializar la política, o de politizar la justicia. Ya no se trata tan sólo de dirimir diferencias políticas en un ámbito que no es natural, en un lenguaje que no es propio de la política. De lo que se trata, es de esmerilar la confianza social en los dirigentes y partidos políticos. La política es sucia. La actividad política es sinónimo de corrupción. Los militantes políticos están bajo sospecha.

El sistema electoral, el conjunto de normas y procedimientos legalmente establecidos, a través del cual se expresa la voluntad popular, es obsoleto. La modernidad tecnológica del voto electrónico, bajo pretexto de “modernizar” y agilizar el sufragio, esconde el propósito inconfesable de entregar a manos privadas el recuento de los votos y la voluntad política de los ciudadanos.

Las elecciones democráticas se convierten en una parodia patética del voto calificado, no secreto y no obligatorio, de los viejos caudillos conservadores del siglo pasado. El sufragio universal, el derecho a votar de la población, independientemente de su raza, sexo, creencias religiosas o condición social, es un fraude.

El debate político se crispa. La democracia representativa y participativa se debilita. De lo que se trata, es de criminalizar la política. De lo que se trata, es de sentenciar a la democracia. Pero esta pérdida absoluta del equilibrio entre los poderes del Estado es también la prueba más rampante de la crisis que atraviesa el sistema político dominante.

Si el sistema representativo, republicano y federal está en enfermo, la democracia está en coma. Hasta acá, habíamos escuchado y leído sobre el Lawfare, pero no lo habíamos visto en vivo y en directo, con nombres y apellidos, con en el rostro más oscuro de este entramado mafioso.

Hasta hoy, estas prácticas se revelaban cada noche en las series de Netflix para el ciudadano argentino medio, que por supuesto, no sólo está convencido que están “inspiradas en hechos reales”, sino que incluso presupone que estos ejercicios van mucho más allá. Francis Underwood, el personaje compuesto por el actor norteamericano Kevin Spacey en House of Cards, está entre nosotros.

En este ajedrez perverso, las blancas estarán dispuestas a sacrificar unos cuantos peones, alfiles, caballos, torres, y hasta la propia Dama, en beneficio del Rey mercado. La lista de las víctimas de ese bando caídas en combate sería larguísima sólo con enumerar las de la actual gestión de gobierno.

Todo el affaire D’Alessio resulta obsceno. Es valiente la decisión del juez Ramos Padilla. Pero no hay que autoengañarse. La política está jugando esta partida con un tablero prestado, donde el poder impone sus propias reglas. Los dirigentes políticos navegan en mares turbulentos. Dejarse llevar por el oleaje, sólo puede llevarla a playas extrañas.

En estos 36 meses de gestión del presidente Mauricio Macri cayeron todos los indicadores macroeconómicos. La economía de los argentinos fue saqueada. El equipo gobernante mintió en la campaña electoral y perdió legitimidad. Ahora busca «gobernabilidad» apoyado en el endeudamiento con el FMI, los negocios con el Banco Mundial, y el financiamiento del Tesoro de los Estados Unidos, condicionado al alineamiento con las políticas dictadas por la superpotencia.

La etimología de las palabras no siempre resulta inofensiva. Trabajo deriva del latín tripalium, el yugo de tres palos, uno vertical y dos cruzados, donde los esclavos eran torturados. En tiempos de “uberización” de las relaciones laborales, de “clientelismo de mercado”, de conformismo radical, la política precisa recuperar el significado de su origen esencial. De ese animal original: el trabajo.

Fuente:Diagonales

 

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