Mayoría consolidada definió que en próximos 15 días dictará fallo que abarcará a los gobernadores que presentaron objeciones por merma de coparticipación. Gobierno, advertido por impacto político.
El Gobierno estuvo al tanto al fin de la semana pasada de las conversaciones tras el acuerdo del martes. Decidió intentar anticipar la jugada de la Corte con lo que podría ser una lectura “antipopular” de retrotraer las medidas anunciadas y también dejó trascender la estrategia de los jueces. En el cuarto piso visualizaron el escenario de tensión pero adoptaron dos medidas a futuro: no medir en el calendario electoral el impacto de sus sentencias; y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la causa “Vialidad”, donde debieron volver sobre sus pasos a partir de las presiones que se generaron a partir de lo que podría haber sido la suspensión del juicio contra Cristina de Kirchner.
“Nos quisieron trasladar un problema de la política para que lo resuelva la Justicia”, indicaron fuentes judiciales, que reiteraron la postura que había adelantado Ámbito Financiero el 2 de septiembre respecto al debate interno sobre si actuar o no ante un escenario convulsionado que incluía el condimento electoral. La conclusión fue que no había necesidad de esperar si la causa no presentaba complejidades: esa es la principal noticia adversa que deberá esperar Macri en plena recta final antes de las generales.
Además de los tres jueces que ya mostraron coincidencias, podrían sumarse más firmas a los fallos, en lo que sería la despedida formal de Elena Highton de Nolasco y de Carlos Rosenkrantz de cualquier eventual lectura de “cercanía” con el oficialismo. De todas maneras, podría ser Alberto Fernández el que deba hacer frente a las devoluciones por el período descontado (no alto impacto) si es que ocupa la Casa Rosada a partir de diciembre. Si es así, se repetiría el escenario de 2015 cuando con la elección definida la Corte falló contra Cristina por los reclamos de fondos coparticipables de San Luis, Santa Fe y Córdoba.
Fuente: ambito
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