Economía

La suspensión del Pacto Fiscal habilitaría la suba de Ingresos Brutos

Hay provincias que tienen sus alícuotas por debajo de los establecido en 2019 y podría ajustar hacia arriba el impuesto. La Nación consiguió “limpiarse” durante un año de juicios por 300.000 millones de pesos

El presidente Alberto Fernández acordó con las provincias e hizo lugar al pedido de los gobernadores de suspender el Pacto Fiscal que se había acordado a finales de 2017 con el ex presidente Mauricio Macri.

En una reunión que se realizó en la Casa Rosada con 23 de los 24 gobernadores -sólo faltó Gustavo Melella que asumía en Tierra del Fuego- se firmó la suspensión la del acuerdo que establecía, entre otros puntos, la reducción del impuesto a Ingresos Brutos en varios sectores de la economía.

El acuerdo contempla suspender hasta del 31 de diciembre de 2020 los compromisos fiscales previstos, como la reducción de Ingresos Brutos y la conformación de una comisión técnica para negociar la devolución del IVA no transferido a las provincias.

Pero la duda que empezó a circular entre el sector privado es si la suspensión del cronograma de baja de IIBB habilita a las provincias que estaban por debajo de lo establecido para el 2019 a aumentar el peso del impuesto.

 La duda que empezó a circular entre el sector privado es si la suspensión del cronograma de baja de Ingresos Brutos habilita a las provincias que estaban por debajo de los establecido para el 2019 a aumentar el peso del impuesto

“Dentro de las 4 actividades económicas analizadas -industria manufacturera, construcción, restaurantes y hoteles y comercio-, se observa que el sector industrial es aquél en donde las 22 jurisdicciones que firmaron el consenso fiscal iban a estar obligadas a readecuar su carga tributaria en un 33% promedio sobre el sector, para poder cumplir con la alícuota máxima de 2020. Otro de los sectores relativamente más afectados por la suspensión del consenso fiscal es el de la construcción, donde 21 de las 22 jurisdicciones se veían obligadas a disminuir su alícuota máxima alrededor de un 20 por ciento”, explicar un trabajo del IARAF.

En el caso de Comercio, el Consenso no preveía para los próximos años una baja de la carga tributaria, manteniendo la alícuota en un 5% hasta 2022, año en que finaliza el acuerdo. Sin embargo, el trabajo señala que “hay 9 jurisdicciones que aún se ubicaban por debajo del límite previsto, es decir, el 41% de las provincias que firmaron el consenso, independientemente de la decisión acordada respecto a suspender el consenso, ya disponían de la posibilidad de incrementar sus alícuotas en el sector el próximo año y aun así cumplir con los lineamientos previstos”.

El presidente Alberto Fernández en la reunión con los gobernadores flanqueado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo

El presidente Alberto Fernández en la reunión con los gobernadores flanqueado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.

Algo similar sucede en el sector de restaurantes y hoteles. Son doce «las jurisdicciones que se iban a ver obligadas a readecuar su carga tributaria sobre el sector, bajándola en promedio un 11% para poder cumplir. Por otro lado, 2 provincias se ubican sobre el límite (4%), mientras que existen 9 jurisdicciones que se encuentran por debajo de dicho tope”, explica el informe.

Es decir, que estas últimas, al igual que en el sector comercio, ya contaban con la posibilidad de realizar incrementos sobre la carga tributaria y aun así cumplir con la alícuota prevista como máxima para el año 2020.

Juicios

Parte fundamental de este nuevo consenso fiscal es la suspensión de las demandas de las provincias contra el Estado nacional. Así lo había hecho saber el presidente Fernández, quien había puesto esa definición en la mesa de negociación.

Finalmente, los gobernadores decidieron frenar las demandas que hay en la Corte Suprema de Justicia hasta diciembre de 2020, el mismo período por el que se suspende la baja de Ingresos Brutos.

La medida implica que el Ejecutivo “se limpia” de definiciones de la Corte Suprema que los pueda afectar desde el punto de vista de la caja, ya que hoy el Estado nacional afronta una veintena de juicios de las provincias por un costo de alrededor de 300.000 millones de pesos.

Fuente: INFOBAE

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