Economía

A tres años de la vuelta del FMI

El más grande de la historia

Por Itai Hagman (*)

El 20 de junio se cumplió el tercer aniversario del crédito más grande de la historia del FMI del cual somos protagonistas. Paradójicamente, la misma fecha en que conmemoramos a Manuel Belgrano, uno de los mayores patriotas de la gesta independentista y el primer referente del pensamiento económico argentino, coincide con la del retorno de la Argentina al FMI. Ese día, el Fondo acordó un préstamo por 50.000 millones de dólares con nuestro país. Sin embargo, para la administración económica de Macri no fue suficiente, unos meses después el acuerdo se elevó a 57.000 millones de dólares. Esta cifra representa un 1277 por ciento de la cuota del país, lo que convierte al préstamo en excepcional.

En 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner Argentina había cancelado la totalidad de su deuda con el FMI, ¿cómo poco más de una década después nuestro país pasó a ser el principal deudor del organismo? En lo económico, el acuerdo con el Fondo coronó el fracaso de un diagnóstico absolutamente errado y una enorme mala praxis de la política económica. El macrismo creyó que dar “señales amigables” al mundo y flexibilizar los mercados sería suficiente para que abunden los dólares en Argentina. Lejos de eso, la apertura comercial y financiera generó un drenaje de deuda que se sostuvo a costa de convertirse en el país emergente que más deuda en moneda extranjera tomó en 2016 y 2017. Adicionalmente, se registró el ingreso de capitales especulativos que venían a aprovechar las tasas de interés locales y luego llevarse más dólares de los que ingresaron, en una estrategia llamada bicicleta financiera o carry trade. En abril de 2018, el éxodo de estos capitales especulativos y la inoperancia del BCRA para administrar la corrida cambiaria derivó en un enorme proceso devaluatorio. En ese marco, el sector privado dejó de prestarle a la Argentina y la deuda privada fue reemplazada con nueva deuda. Así es como volvió el FMI y sus condiciones.

En lo político, las causas de este acuerdo se deben buscar en el alineamiento del gobierno de Macri con el gobierno de Donald Trump, tal como expresó en su propio libro el ex -presidente argentino o funcionarios de alto nivel como el ex Director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca Claver-Carone. La iniciativa política de este acuerdo fue evidente desde sus orígenes por el cronograma de desembolsos: un 89 por ciento sería antes de octubre 2019, aunque tras el resultado de las PASO el Fondo pospuso el desembolso de 5.400 millones correspondiente a septiembre de 2019. El organismo internacional financió la campaña electoral más cara de la historia.

El fracaso económico macrista dejó más pobreza, más desempleo, una economía más chica y una deuda 100.000 millones de dólares mayor, de la cual casi la mitad corresponde al acuerdo con el Fondo. Aún así, lo escandaloso del préstamo con el FMI no radica solamente en el volumen sino en las negligencias en las que el propio Fondo Monetario incurrió a la hora de realizarlo. El caso más conocido es el de la violación del Artículo VI de su estatuto, que menciona explícitamente que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, como efectivamente sucedió en el caso argentino. Desde el momento del acuerdo a diciembre de 2019 la fuga ascendió a 41.000 millones de dólares.

Los últimos desembolsos del acuerdo debían realizarse en 2020. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió no continuar con los desembolsos pendientes por lo que finalmente el FMI desembolsó 44.000 millones de dólares de los 57.000 acordados por Macri. De lo prestado, 38.000 millones, sin contar los intereses, deben ser devueltos hasta 2023.

En el año de la pandemia ya se reestructuró la deuda con el sector privado para poder postergar y reducir el pago. El capítulo del FMI aún sigue en proceso de resolución. La Argentina busca un sendero de pagos razonable y sin condiciones políticas que lastimen la independencia económica del país. Es fundamental que la discusión con el FMI no pierda de vista que la prioridad de la Argentina actual es mejorar las condiciones de vida de su gente luego de años difíciles. Tanto el gobierno anterior como el Fondo son corresponsables de lo sucedido y eso debe estar presente en la negociación.

*Diputado Nacional FdT, economista y director del OCEPP.

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Nunca más deuda y dependencia

Por Fernanda Vallejos (**)

Tres años atrás se consumaba uno de los capítulos más hirientes de nuestra historia económica reciente: Macri reestablecía el vínculo de sometimiento con el FMI.

Una vez más, la fuga -y no la inversión para el desarrollo- fue el destino de esos fondos. El maridaje entre deuda y fuga, una constante de la fase neoliberal de nuestra historia, se repite en el periodo 2015-2019: el Balance Cambiario del BCRA muestra una Formación de Activos Externos (FAE, neta) superior a los 88.000 millones de dólares; mientras, según el Balance de Pagos del Indec, el crecimiento de los activos externos de argentinos superó los 103.000 millones de dólares.

Argentina llegó a finales de 2019 con el lastre de la deuda insostenible e indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad alarmantes: un notable retroceso respecto de los avances construidos entre 2003 y 2015. La pandemia agudizó la crisis socioeconómica. No obstante, Argentina reestructuró su deuda con privados, con un ahorro de 38.000 millones de dólares, reducción de la tasa promedio de 7 a 3 por ciento y un periodo de gracia indispensable para enfrentar la crisis y encarar la reconstrucción antes de volver a pagar. Recientemente se logró un entendimiento con el Club de París, posponiendo el pago de 2.000 millones de dólares hasta marzo de 2022.

Es que la pandemia obliga a los Estados a encarar respuestas impostergables, que hacen incompatible el pago privilegiado de la deuda con la prioridad de cuidar la vida y la salud, primero, y con la reconstrucción económica, después. Este debería ser el primer marco de referencia para el arreglo de una deuda que se contrajo violentando la manda constitucional y las leyes argentinas que rigen la contratación de deuda pública, por lo que, además, debe ser investigada judicialmente para determinar la responsabilidad civil, penal y patrimonial de los ex funcionarios.

El Stand By por 50.000 millones de dólares de junio de 2018, ampliado, 4 meses después, a 57.000 millones de dólares, representó el 1.277 por ciento de la cuota argentina. Los desembolsos alcanzaron los 44.000 millones de dólares, poco menos que los 50.000 millones de dólares con los que el FMI asistió por la pandemia, durante 2020, a más de 80 países.

Para habilitar un préstamo que sobrepasó el límite máximo, debió haber un análisis riguroso, que no existió ni pudo haber existido en el exiguo plazo de un mes en el que, de forma inaudita, se aprobó el mayor préstamo en la historia del organismo, superando las experiencias de Grecia (2013) o Portugal (2014). La exposición a un solo país da cuenta de la excepcionalidad: a fines de 2019 el préstamo representaba el 47,6 por ciento de la cartera del FMI. En la actualidad, los 4 mayores deudores después de Argentina, en conjunto, no llegan a sumar la deuda de nuestro país con el organismo.

Después del primer desembolso, el BCRA anunció las subastas para “adjudicar los dólares, que incluyen los provenientes (…) del FMI”. La cancelación de deuda en pesos con esos fondos permitió que los especuladores dolarizaran y fugaran sus ganancias. Desde el primer desembolso hasta el final del mandato de Macri, entre FAE y salida de capitales “de cartera”, se fugaron 6.000 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos, violando al artículo VI del convenio constitutivo del organismo.

Las condiciones pactadas para el pago son, lisa y llanamente, inviables. Nadie en su sano juicio pudo suponer que nuestro país podría pagar 44.000 millones de dólares, dos tercios de nuestras exportaciones anuales, entre 2021 y 2023. Sigue siendo igual de irrazonable que, frente a un préstamo que pasó por encima de las reglas del organismo, sin aval del Parlamento y con el objeto de financiar la fuga, se pretenda encorsetarnos en las condiciones y plazos convencionales de un Crédito de Facilidades Extendidas, para devolver una deuda donde los desembolsos realizados representaron el doble de lo que el país hubiera debido obtener. Menos, por pura matemática, superponiendo esos pagos con los vencimientos de la reestructuración con privados, convalidada por el FMI. Menos aún en pandemia, algo que el organismo debería sopesar al exigir a los países -pobres y de ingresos medios- con pueblos empobrecidos y diezmados por el virus.

El FMI tiene capacidad legal para adoptar normas especiales (art. V), en pos de una solución sostenible a un préstamo “especial” dado en condiciones “especiales”. Y tiene capacidad política, como la tuvo “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, como reconoció el entonces representante de EEUU en el FMI y hoy presidente del BID, Mauricio Claver-Carone. Hay una solución posible: una donde cierre la matemática de las cuentas externas del país, con el pueblo adentro.

(**) Diputada Nacional, economista.

Fuente:Página12

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