Medio Ambiente

La propuesta de la UE para frenar la deforestación cede a las presiones de la industria

Entre 2015 y 2020 la tasa de deforestación global se estima en unos diez millones de hectáreas al año. Un 80% de ese territorio boscoso se perdió como consecuencia directa del avance de la agricultura intensiva industrial, especialmente de cultivos como la soja —el 87% de la importada en la UE se destina a la alimentación animal—, el aceite de palma, el caucho o el cacao. Las cifra, publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), supone que el planeta ha perdido en apenas un solo lustro una superficie boscosa de un tamaño similar al de la península Ibérica, cerca de un campo de fútbol de cada dos segundos.

Pablo Rivas

Con semejante destrucción sobre la mesa, y en medio de la mayor crisis de biodiversidad en 65 millones de años, con una sexta extinción masiva de especies en marcha, los instrumentos para frenar la destrucción de masa boscosa se revelan clave. Más allá de acuerdos globales como el firmado el pasado 2 de noviembre en la Cumbre del clima de Glasgow, por el que un centenar de naciones se comprometían a frenar la pérdida de superficie boscosa global en una declaración no vinculante, los pocos controles a la deforestación se realizan en los ordenamientos legales nacionales, a los que en Europa se suman los paquetes legislativos de la UE. 

Este 17 de noviembre está previsto que la Comisión Europea presente el borrador del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, un texto al que El Salto ha tenido acceso.

El documento supone una serie de normas que pretenden, según la propia Comisión, “intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo”. De hecho, el Reglamento “podría cambiar las reglas del juego, ya que por primera vez la UE está a punto de proponer una serie de normas para las empresas que les obliguen a asegurarse de que algunos de sus productos no estén relacionados con la deforestación en todo el mundo”, apunta Isabel Fernández, de Ecologistas en Acción, una de las personas detrás del proyecto Los Rostros de la Soja, una investigación que señala los excesos e impactos de este cultivo en el mundo.

El nuevo Reglamento contiene elementos alentadores, ya que la UE propone que las empresas pongan en marcha ‘sistemas de diligencia debida’ con el fin de controlar y mitigar cualquier impacto negativo de sus importaciones en los bosques. Asimismo, propone asignar una calificación de riesgo a los países productores para adaptar así el nivel de diligencia debida en función del mismo y contribuir a ser más efectivo en la lucha contra la deforestación.

Presiones

La Comisión, sin embargo, ha dejado fuera aspectos clave para frenar la pérdida de masas boscosas, algo en lo que han sido clave determinados lobbies e industrias: “Sabemos que ya han desaparecido elementos que estuvieron en anteriores versiones del reglamento y que eran esenciales para la efectividad del mismo”, señala Tom Kucharz, investigador y compañero de Fernández en el proyecto Los Rostros de la Soja. En concreto, apunta que “las asociaciones del sector automovilístico han aumentado la presión y aparentemente han ejercido influencia sobre la redacción de la propuesta legislativa”.

Los dos integrantes de Ecologistas en Acción hablan de que el Reglamento supone una “flagrante debilidad en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que son los mejores guardianes de los bosques”. Haciendo referencia a Brasil, donde las políticas de Jair Bolsonaro han menoscabado la protección ambiental de la Amazonía y el medio ambiente en general, así como los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión plantea que los productos que se venden en el interior de la UE respeten las leyes del país de origen, dejando fuera las leyes internacionales sobre derechos humanos y de los pueblos originarios. “La ley dejaría en manos de gobiernos nacionales como el brasileño la definición de lo que es ‘legal’”, dice Fernández.

El reglamento propone además abandonar los actuales instrumentos para evitar el comercio de madera de origen ilegal como el Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) o el Reglamento Europeo de la Madera (EUTR), así como la supresión de los acuerdos bilaterales entre la UE y las naciones con grande extensiones boscosas. Esto es preocupante tanto para las organizaciones defensoras de los bosques, que han utilizado estas herramientas para forjar un espacio de diálogo, como para los países que se han embarcado en reformas ambiciosas e innovadoras.

Productos excluidos

La lista que aparece en el borrador es, para los dos investigadores, demasiado limitada, ya que no incluye todos los productos relacionados con la ganadería, sino solo la carne de vacuno, el aceite de palma, la soja, la madera, el cacao y el café. Esto excluye la carne procesada, carnes de otros animales, el caucho —cuyo 70% de la producción global se destina a la producción de neumáticos— y el maíz.

De nuevo, Kucharz pone el foco en las presiones de los lobbies: “Productos importantes para la industria del automóvil, como el caucho, han desaparecido de la lista de productos que se regularán mediante la ley prevista”. Estos dos productos forman parte de los más dañinos en lo que respecta a la deforestación mundial. El propio Europarlamento definió, en una resolución de octubre de 2020, una serie de bienes que el futuro ordenamiento europeo para frenar la deforestación tendría que cubrir “como mínimo” para conseguir su objetivo. El caucho y el maíz estaban incluidos.

El sistema de clasificación de riesgo que plantea la Comisión tiene también su problemática. Propone eximir a las empresas de la necesidad de aplicar la diligencia debida a las mercancías procedentes de países que están siendo clasificados como ‘verdes’. “Esto podría crear muchas lagunas”, señala Isabel Fernández. “Por ejemplo, si un país es clasificado como ‘verde’ podrían comercializarse en la UE bienes producidos en tierras deforestadas ilegalmente o que son el resultado de violaciones de los derechos humanos”.

La definición del objeto a proteger es otra de las oportunidades perdidas en este primer borrador para los ecologistas. Con una referencia específica a los bosques, deja fuera a ecosistemas que, de hecho, se ven afectados por monocultivos, como son los pastizales, los humedales y las turberas, hábitats que además proporcionan medios de vida a las comunidades locales. El borrador introduce una cláusula para una potencial revisión de los ecosistemas objeto de protección, pero de forma posterior.

España, clave en e puzzle

Para España, la nueva normativa será clave, ya que es el tercer país de la UE que más materias primas procedentes de la deforestación importa, según el informe Incrementando el ritmo: el impacto continuo del consumo de la UE en la naturaleza, publicado el pasado abril por WWF. Las cifras de esta entidad conservacionista hablan de 32.900 hectáreas anuales deforestadas de forma directa por las importaciones españolas.

Como punto estratégico para la importación de soja desde sudamérica, España no solo el es punto de distribución de subproductos de soja al resto de Europa, también un territorio productor de productos derivados de la misma, con un 98% de la soja con destino final el territorio español destinada a la producción ganadera industrial nacional.

Como denuncia Fernández, “España se ha convertido en una gran maquila para producir cantidades de carne industrial y subproductos animales, desvinculados de las necesidades reales del territorio”. La investigadora señala además que se está exportando gran parte de la producción ganadera industrial, “respondiendo únicamente a las demandas del mercado y con un extraordinario coste energético, climático y social, además de gravísimos daños para la biodiversidad tanto en los lugares de cultivo de la soja como en los territorios rurales que concentran las granjas industriales”.

Según un informe de la IUCN y The Sustainable Trade Initiative, en España, Italia y Portugal tampoco hay apenas demanda de soja con cero deforestación. En 2019, se importaron a España 2,4 millones de toneladas de soja brasileña, principalmente del Mato Grosso y Matopiba, zonas ubicadas en la ecoregión El Cerrado. Se trata del área donde se concentró alrededor del 70% de la destrucción de bosques asociada al consumo de soja en la UE y uno de los puntos calientes de biodiversidad que han sido devastados por la deforestación de la cadena de suministros de la soja.

Diligencia debida

En lo relativo a la diligencia debida desde Ecologistas en Acción señalan algunas lagunas. Definida como “el proceso a través del cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos adversos reales y potenciales, y explican cómo se abordan estos impactos” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este sistema “viene siendo recogido de modo voluntario en las políticas de responsabilidad corporativa de grandes empresas sin que por el momento haya ofrecido resultados visibles en el descenso del impacto en el medio ambiente o la vulneración de derechos humanos”, denuncia Kucharz.

Al tomar como punto de partida una autoevaluación del operador, este sistema “pierde la posibilidad de establecer mecanismos de control fuerte y obligaciones extraterritoriales efectivas basadas en el derecho y los acuerdos internacionales existentes o la posibilidad de apuntar hacia nuevas normas obligatorias a nivel internacional”, prosigue el activista.

Así, para que la diligencia debida permita conseguir los objetivos del reglamento, esta debería extenderse a todas las entidades de la cadena de suministro, reconocer todos los derechos humanos internacionales —y no solo los nacionales— e imponer a todas las compañías la obligación de conducir la diligencia debida, independientemente de su tamaño, estructura o titularidad.

Kucharz remarca además que, sin autoridades competentes designadas por los Estados miembro con potestad y medios suficientes para llevar a cabo inspecciones de los productos importados e imponer sanciones en su caso, los sistemas de diligencia debida no serán efectivos.

Fuente:Blog del Proyecto Lemu

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