Política

El reclamo de una sentencia definitiva por los muertos de diciembre de 2001

Trece años llevó que comenzara el juicio oral por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron asesinadas cinco personas y decenas sufrieron heridas de todo tenor. Después vinieron dos años de audiencias, que terminaron en 2016 con las condenas de Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, a cuatro años y tres meses de prisión, y del exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, a tres años y seis meses, entre otros. Sin embargo, ya pasados cinco años de aquella decisión y cuando están por cumplirse veinte del estallido social y las muertes, la sentencia todavía no está firme ni existe una reparación integral para las víctimas porque la Sala I de la Cámara de Casación Penal no se expidió. Por esta razón familiares de las víctimas hicieron un reclamo ante ese tribunal para que resuelva y, en ese contexto, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, a cargo de Gabriela Carpineti, presentó un escrito con cuestionamientos a la increíble demora que, además, puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado argentino.

«Nosotros no vamos a recuperar nunca aquella vida, a nuestros familiares, Marta no va a recuperar a Petete, Marta no va a recuperar a Alberto, pero realmente vamos a poder empezar a sanar recién el día que las condenas queden firmes«, dijo frente a los tribunales de Comodoro Py María Arena, pareja de Gastón Riva, una de las víctimas de aquella cacería policial. «Petete» era Carlos Almirón y Alberto era Alberto Márquez, asesinados en aquel entonces igual que Diego Lamagna y Gustavo Benedetto. «Quienes dieron órdenes de salir a matar tienen que estar presos como corresponde», reclamó María. Rodrigo Borda, abogado Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a María y a la familia de Lamagna, señaló también: «Ha pasado un tiempo más que razonable para que la Sala I se expida y lo que pedimos simplificadamente es que se ratifiquen las condenas impuestas originalmente a los máximos responsables condenados, con penas adecuadas, tal como las pidieron las querellas de las víctimas, porque devaluar las penas de los responsables de estos hechos también implica devaluar la gravedad de los hechos por los que fueron condenados».

El año pasado la Cámara de Casación ratificó las condenas por homicidio y lesiones pero señaló que debían ser revisados los montos, lo que implicaba dejar el tema sin definición hasta el día de hoy. Los mismos jueces que tomaron aquella decisión –Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma– son los que deben definir la cuestión del monto de la pena. Además de Santos y Mathov habían sido condenados, Raúl Andreozzi, que fue superintendente de Seguridad Metropolitana y recibió tres años de prisión en suspenso, y Norberto Gaudiero, ex director general de Operaciones de la Policía Federal, sentenciado a tres años y medio.

Tanto la sentencia del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) como aquel fallo de Casación que quedó a mitad de camino tienen como dato relevante el haber reconocido  la responsabilidad penal de las autoridades políticas por la orden de reprimir la protesta social. Dijo Casación: «Los resultados lesivos (muertes y lesiones), corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido.” Le marcaba así a la autoridad política el deber de “evitar excesos por parte de la fuerza”. La sentencia del TOF 6 había aludido también a que la declaración de estado de sitio no habilita la violencia estatal.

Pasó un año y medio y todavía no hubo definiciones. «Que después de veinte años sigamos esperando una sentencia definitiva no es un problema de un expediente que no se resuelve sino que denota altos niveles de hipocresía de los funcionarios judiciales que deben resolver esto. Queremos sentencia definitiva y también una reparación integral«, sostuvo Carpineti.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, añadió: «Nuestra democracia tiene fallas que se traducen en el Poder Judicial y la Corte Suprema que llevan adelante una dilatación de causas importantísimas para la construcción de nuestra democracia. En este caso hubo violaciones a los derechos humanos, violencia institucional, una responsabilidad de quien llevó adelante esa cacería esos días en todo el país».

La presentación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia ante Casación reclama una resolución urgente y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado el derecho de las víctimas y familiares al acceso a las garantías judiciales, lo que incluye decisiones adoptadas en un «plazo razonable», que de no ser acatado puede traer responsabilidad internacional para el estado implicado. «De ninguna manera –dice el escrito– veinte años puede resultar un plazo razonable pese a cualquier tipo de complejidad del caso, máxime considerando la gravedad de los sucesos».

Fuente:Página12

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