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Ley IVE: a 11 meses de la sanción, aumentaron las prácticas pero persiste la resistencia

En los primeros 11 meses de este año, fueron informadas 32.758 interrupciones de embarazo realizadas en condiciones seguras en el sistema público, según reveló a Página/12 la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla. La cifra no incluye aquellos procedimientos efectuados en el sector privado, en servicios cubiertos por obras sociales y prepagas, o autogestionados por las mujeres o personas gestantes. En el primer semestre del 2021, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4 por ciento eran adolescentes. Un dato significativo es el aumento de consultas por interrupciones de embarazo al 0800-222-3444, la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud: entre enero y noviembre de este año llegaron a 19 mil casi la misma cantidad que se habían recibido ¡en diez años!, entre 2010 y 2020.

A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la ley que consagró el derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación, un monitoreo a nivel nacional realizado por el CEDES e Ibis Reproductive Health encontró que todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias. “El sector privado y de obras sociales ha sido el más resistente a la implementación de la ley. Eso lo estamos monitoreando conjuntamente con la Secretaría de Comercio y Defensa al Consumidor”, señaló a este diario Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mejor oferta para realizar abortos legales, y donde en junio se imputó al Hospital Austral por incumplimiento de la Ley de IVE.

“Ya hay 1243 efectores en todo el país que garantizan la práctica, es decir, 340 más de los que venían realizando ILEs hasta diciembre de 2020. Hay algunas provincias que han avanzado más y otras, menos”, señaló Isla. Donde se registran mayores dificultades, precisó, es en Corrientes; San Juan presenta algunos inconvenientes, y también se detectaron trabas en ciertos lugares del interior de Santiago del Estero. “En Salta, por ejemplo, se garantiza la atención pero mandan a las usuarias a llamar al 0800-222-3444, para iniciar la solicitud de la práctica, un trámite adicional; en Formosa, se lograron habilitar veinte centros de atención con el apoyo de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir”, agregó Isla. La mayoría de los procedimientos se hacen con misoprotol. En lo que va del año, el Ministerio de Salud distribuyó 46.283 dosis del medicamento; en 2020 habían sido 18.560 dosis.

La mayoría de las IVEs se hacen con misoprostol en el primer trimestre, lo que significa una atención temprana, indicó Isla. “Las mujeres llegan antes porque tiene menos miedo de pedir un aborto”, destacó a este diario la directora de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense. Nueve de cada 10 abortos en esa provincia se hicieron con medicamentos, precisó.

Cada vez más municipios hacen IVEs

La provincia de Buenos Aires fue la primera en tener protocolo propio de actuación, y lo presentó el 18 de enero de este año, menos de tres semanas después de la histórica sanción de la ley. Actualmente cuenta con 496 equipos de salud que atienden IVE/ILE, precisó Ramírez. A fines de 2020, eran 350. En la amplia mayoría de los municipios hay efectores donde pedir un aborto legal. En diciembre de 2019 eran solo 55 municipios los que tenían equipos y ahora son 125, de un total de 135. En la página web del Ministerio de Salud bonaerense se puede acceder, incluso, a un mapa georreferenciado con todos los efectores que garantizan el acceso a un aborto en el territorio provincial. “Solo diez municipios no tienen pero en cinco de ellos –Carmen de Areco, Junín, Lobos, Monte Hermoso y Zárate– hay efectores provinciales”, señaló Ramírez. Los cinco que por el momento no garantizan la atención son San Miguel –declarado antiderechos–, Lezama, Tornquist, Capitán Sarmiento y Coronel Rosales. “Estamos trabajando para poder garantizar también ahí la práctica”, apuntó Ramírez.

–¿Qué obstáculos encontraron este año para la aplicación de la Ley?

–Los colegios médicos fueron quizás el actor que opuso más resistencias y que en algunos casos promovieron de manera encubierta la conformación de listas de objetores. Otro problema ha sido la falta de información en los profesionales médicos, sobre todo los tocoginecólogos como también muchas autoridades sanitarias –secretarios de salud, directores de hospitales o de Atención Primaria de la Salud–. Por eso hicimos muchas reuniones de presentación de la ley y de la Guía de implementación de la IVE en la provincia. Otro obstáculo fueron las acciones jurídicas de grupos conservadores y también algunas acciones de intimidación o, de generar confusión en algunos efectores poniendo mesas en la puerta de los establecimientos ofreciendo acompañamiento a las mujeres que llegaban a pedir información. Esto todavía sucede en algunos lugares. El sector privado y de obras sociales ha sido el más resistente a la implementación de la ley, si bien muchas obras sociales lo están garantizando. Eso lo estamos monitoreando conjuntamente con la Secretaría de comercio y Defensa al consumidor. En junio Defensa al Consumidor imputó al Hospital Austral por incumplimiento” –respondió la funcionaria.

Las dos jurisdicciones que sistematizan y hacen pública la información vinculada a la atención de abortos son CABA y la provincia de Buenos Aires. “En ambas se observa una red extendida, con participación de los distintos niveles de atención y con una provisión significativa de IVE de forma ambulatoria. La provisión de misoprostol en los efectores es relevante para ampliar el acceso”, destacó Mariana Romero, médica e investigadora de CEDES.

Además de los protocolos de IVE de Nación y el bonaerense, otras siete provincias dictaron el suyo: Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.

Desafíos

–¿Cuáles son los desafíos para el 2022? –le preguntó este diario a la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

–Tenemos tres grandes desafíos: Seguir capacitando para ampliar la oferta de equipos que atiendan IVE/ILE; la inclusión de la IVE en la atención primaria de la salud, en salitas, algo que viene haciendo muy bien la provincia de Buenos Aires; y por último, incorporar en los tratamientos la mifepristona –que es una droga abortiva aprobada en Europa, y recomendada por la OMS para realizar el procedimiento de IVE/ILE combinada con el misoprostol–; estamos recibiendo una donación y se está preparando una compra a través del Fondo de Población de Naciones Unidas –respondió Isla.

–En Salta, una médica del Hospital de Tartagal fue imputada por la justicia de realizar un aborto sin consentimiento …

–Hemos pedido su sobreseimiento. La médica Miranda Ruiz y su equipo cumplieron con el protocolo de IVE/ILE –señaló Isla.

Para Ramírez, uno de los problemas a solucionar es que todavía hay mujeres y personas gestantes que no conocen que el aborto es legal. “Necesitamos difundirlo. Estamos planificando una campaña para el 2022 con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia”, adelantó.

Las visiones de quienes tuvieron responsabilidades de gestión y provisión de servicios de aborto –consultadas para el monitoreo del CEDESs e Ibis– son concluyentes en señalar que las múltiples experiencias de políticas y prácticas de acceso al aborto de los años previos a la sanción de la ley, junto a la visibilidad del tema generada por los debates de 2018 y 2020, construyeron un marco positivo para la implementación de la ley en este primer año. El análisis de los datos y los testimonios del monitoreo se pueden consultar en www.proyectomirar.org.ar

Desigualdades

Una de las marcas más contundentes que revela el monitoreo del Cedes e Ibis son las desigualdades entre las provincias. Se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco (0.9) y Formosa (0.6) es sensiblemente menor. La nacional se ubicó en 3.2. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, indicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.

La ley ante la Justicia

“El marco legal actual provee certidumbre, con pautas claras para los equipos de salud y autoridades sanitarias, y el reconocimiento efectivo de los derechos. Está compuesto por la Ley 27.610, el Decreto reglamentario 516/2021 y el protocolo nacional para la atención de esta práctica”, explicó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES. En la actualidad, además del protocolo nacional existen ocho provinciales que brindan lineamientos sobre la provisión de servicios.

Luego de la sanción y reglamentación, cada jurisdicción pudo abordar algunas aristas que pudieran resultar más controvertidas, como la objeción de conciencia. “Algunas provincias difundieron con claridad los límites y deberes asociados a la objeción de conciencia, y otras están explorando modalidades, como efectuar listados donde los profesionales que deciden alegar objeción deben anotarse”, detalló Ramón Michel.

Según detectaron a través del monitoreo, la ley si mejoró el cumplimiento de derivar a las pacientes, también en hospitales con muchos objetores se ha contratado personal disponible para la práctica, y se presentaron acciones administrativas contra médicos que hicieron mal uso de la objeción de conciencia.

“Las barreras generadas por la objeción continúan pero hoy hay más garantías institucionales, y una mayor visibilización de los límites y deberes que tienen quienes alegan objeción; se redujo la arbitrariedad y el maltrato de los llamados objetores. Aunque claro que hay aún situaciones de mucha desidia, como es el caso de Misiones, donde las autoridades del Hospital SAMIC de Oberá declararon abiertamente que no iba a brindar atención de IVE/ILE. Un efecto que tiene la expansión de la objeción en algunos sitios es el agotamiento de quienes sí prestan el servicio, y eso debe ser abordado por las autoridades sanitarias. Está pendiente”, advirtió Ramón Michel en diálogo con este diario.

La objeción no tiene el mismo impacto en todos los lugares. En los sitios más alejados de las capitales (incluso en aquellas provincias con políticas a favor de cumplir la ley 27.610), donde hay menos médicos y servicios, una objeción puede traducirse en un calvario para una mujer que busca un aborto legal. “De hecho –apunta Michel– en varios casos hemos registrado que pese a no existir jurídicamente la objeción institucional, en la práctica hay negaciones institucionales”.

Es constitucional

Según el monitoreo de Proyecto mirar, desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. Al mismo tiempo, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.

“Sin dudas, el movimiento verde en Argentina marcó un hito en América Latina y el mundo, fue inspiracional por el gran avance que hizo en cuanto el acceso equitativo al aborto, y hay mucho que se pueda aprender sobre su implementación”, analizó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis.

Maternidad en adolescentes

El informe del CEDES e Ibis señala que en los últimos cinco años (2015 a 2019) Argentina muestra un descenso de más de 20 puntos de la fecundidad adolescente tardía (15 a 19 años): de 66,6 a 40,7 nacimientos por cada 1000 mujeres de esa edad. “Las razones podrían estar ligadas a políticas sectoriales que promueven la agencia de las adolescentes y fortalecen el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo”, advierten las especialistas. La tasa de fecundidad adolescente temprana (10-14 años) está ligada a determinantes como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar y “al momento no muestra una tendencia de cambio significativa”, apunta el monitoreo.

En 2019, diez jurisdicciones tienen Tasa Específica de Fecundidad Adolescente por encima del promedio nacional:

· 3 provincias tienen TEFA 1,5 más grandes (Chaco, Misiones y Formosa) que la TEFA tardía nacional

· La TEFA temprana de Misiones y Formosa triplica la de CABA (jurisdicción con la menor tasa con 12,4 nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años.

Embarazos no intencionales

Otro dato que aporta en monitoreo se refiere a los embarazos no intencionales. “Cada año, ocurren aproximadamente 121 millones de embarazos no intencionales a nivel global según estimaciones para 2015-2019. De ellos, el 61% finaliza en un aborto. La proporción de embarazos no intencionales es mayor en los países con acceso restringido al aborto respecto de aquellos donde el acceso es ampliamente permitido: 75% versus 58% respectivamente”, dice el informe.

En 2019:

• 6 de cada 10 adolescentes y mujeres entre 10 y 49 años, que tuvieron sus partos en hospitales públicos en Argentina, reportaron ese embarazo como no intencional.

• En 23 de las 24 provincias, la mitad de las adolescentes y mujeres puérperas reportaron ese embarazo como no intencional.

• 9 provincias superan el promedio nacional: La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Catamarca, Formosa y Córdoba.

Adaptación a lenguas originarias

 

Este miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación, Católicas por el Derecho a Decidir, presenta la adaptación sociolingüística a lenguas originarias, a través de materiales gráficos y sonoros, de los protocolos para la atención integral “de Víctimas de Violaciones Sexuales”, del Ministerio de Salud de la Nación, y “de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del embarazo”, del año 2021, generando mayores condiciones de igualdad y respeto hacia y con las mujeres y personas con capacidad de gestar de los diferentes pueblos originarios que habitan nuestro país. “No estamos hablando de un caso de traducción académica, sino de adaptaciones sociolingüísticas que se realizaron en territorio, en comunidades rurales, y fueron hechas por hablantes nativas”, indican las coordinadoras del trabajo Mónica Menini (CDD) y Mariana Ortega (ARETEDE), sobre los materiales de salud sexual y reproductiva en lenguas wichí, guaraní, toba y chorote. “Este hecho enriquece el proceso de generación de los materiales que están atravesados por saberes y reflexiones de y hacia dentro de las comunidades que significan una mediación entre el territorio y los conocimientos técnicos, académicos y jurídicos escritos en los protocolos” agregaron.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Fuente:Página12

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