Medio Ambiente

Ni Red Natura ni fondos marinos: la fiebre minera llega a las zonas protegidas de la Unión Europea

La eurodiputada y jurista María Eugenia Rodríguez Palop analiza en profundidad las importantes modificaciones que, en materia de protección frente a proyectos extractivistas, han sido aprobadas por la eurocámara, así como sus peligrosas consecuencias desde el punto de vista medioambiental. Estamos hechos de palabras. Pocas palabras pueden cambiar el mundo y nuestra manera de estar en él. Los y las juristas, prestidigitadores de las palabras, sabemos mucho de eso. “Tres palabras del legislador pueden convertir bibliotecas enteras en basura”, decía el político alemán Von Kirchmann a principios del siglo XIX. Hace unos días, el Partido Popular Europeo (EPP) incorporó una enmienda a un texto que se votaba en la Eurocámara. Se trataba, teóricamente, de un cambio menor, pero era obvio que acabaría teniendo un efecto demoledor.

Mª Eugenia Rodríguez Palop

El Parlamento tenía que pronunciarse sobre la estrategia europea para las materias primas fundamentales presentada por la Comisión Europea en 2020, y cuyo objetivo principal es “reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea”. O dicho de otro modo: reducir nuestra dependencia de terceros países, especialmente de China, diversificando las fuentes de las que obtenemos dichas materias (dentro y fuera de Europa); proteger las cadenas de suministros y la seguridad de las fuentes de energía; cubrir la demanda de materias primas necesarias para afrontar la transición ecológica y digital; impulsar la economía circular y el reciclaje de materias primas. Todo ello respetando, teóricamente, “normas medioambientales y sociales estrictas”. Un compendio de buenas intenciones de las que, como señalaré más adelante, teníamos y tenemos buenas razones para dudar.

El texto original de la Eurocámara pedía, sin matices, que se prohibiera la minería en zonas de conservación como la Red Natura 2000, los fondos marinos, los lugares declarados Patrimonio Mundial de la Unesco y otras áreas protegidas. Los populares introdujeron, mediante una enmienda, la posibilidad de aprobar proyectos mineros o extractivos que afectaran a tales zonas siempre y cuando se sometan “a una evaluación de impacto ambiental exhaustiva”. Pero, a día de hoy, todo el mundo sabe que esas evaluaciones son permeables a los intereses de las empresas y de algunas administraciones públicas que, en ocasiones, ejercen de juez y parte dado que son ellas las que se encargan de hacerlas.

El párrafo incluía también una llamada a los Estados y a la industria minera para que, “de conformidad con el principio de que quien contamina paga, adopten medidas de conservación adecuadas para mantener y restablecer en un estado de conservación favorable los hábitats y especies para los que se ha designado el lugar”. Resulta sorprendente que sea este “principio” el que se traiga a colación aquí, dado que asume, por definición, la posibilidad de asignar un “precio” a los bienes comunes. Y eludir ese precio, evitar su privatización y mercantilización, es precisamente lo que se pretende conseguir cuando los protegemos. O sea, un oxímoron.

“Quien contamina, paga” induce más a pensar en el modo en que puede mercadearse con el ‘mal’ que en evitarlo. Además, asignar un precio a recursos materiales o energéticos esenciales para la vida es un error, incluso en términos economicistas, porque no se están teniendo en cuenta todos los elementos: no se considera la dimensión temporal, se excluye la demanda no solvente (comunidades sin recursos, generaciones futuras, animales) y se descuenta el elevadísimo grado de incertidumbre en el que se mueve el mercado. En el mejor de los casos, el precio indica el ‘valor de cambio’ (es decir, las desiguales relaciones de poder), pero no la utilidad social de los bienes: es decir, su capacidad para satisfacer necesidades básicas que, vía mercado, quedan absolutamente fuera del alcance de las mayorías. Con todo, la enmienda del EPP entró en el texto con 390 votos a favor, 277 en contra y 21 abstenciones.

Decía antes que había buenas razones para desconfiar de las intenciones declaradas de la Comisión. Me explico. En septiembre de 2020, en su informe ‘Trazando el rumbo hacia una Europa más resiliente’, señalaba que las interrupciones del suministro durante la pandemia habían puesto, aún más de relieve, la dependencia de Europa de proveedores externos de materias primas fundamentales, algo que afecta directamente a su actividad económica (y defensiva). Hasta aquí, nada extraño. Pero el documento continuaba: “Los propios recursos minerales de Europa están infraexplotados […] Esto se debe a los elevados costes de producción en comparación con los precios del mercado mundial, a las estrictas normas medioambientales y a los bajos niveles actuales de aceptación pública. La inversión en la producción de materias primas primarias y secundarias sería beneficiosa para el empleo en todas las industrias manufactureras […]”.

Está claro que, con la pandemia, la idea del autoabastecimiento ha ido ganando fuerza. No depender de otros actores internacionales, políticos o económicos, significa no estar sometido a presiones futuras a cambio de recursos esenciales para la supervivencia (alimentos o vacunas) o para el desarrollo de los modos de vida que conocemos (materiales para fabricar teléfonos móviles, ordenadores y vehículos eléctricos o tecnología militar). Esta autosuficiencia puede entenderse en términos de innovación, desarrollos científicos y patentes, o en el sentido más elemental, como la producción de alimentos y la extracción de materias primas.

Sin embargo, el temor al desabastecimiento es anterior a la emergencia sanitaria. Ya en 2017, un estudio de tendencias globales del Parlamento Europeo alertaba de que en los próximos 20 años es probable que proliferen las disputas nacionales e internacionales relacionadas con los efectos del cambio climático, ya sea por la escasez de recursos (alimento y agua) o por la mutación del mercado energético (la transición del carbón y los combustibles fósiles a la energía renovable).

Lo cierto es que entre el 75% y el 100 % de los metales empleados en la UE proceden del exterior, así que la Comisión lleva años promoviendo la reactivación de la minería dentro de nuestras fronteras. “Solo para las baterías de los coches eléctricos y el almacenamiento de energía, Europa necesitará hasta 18 veces más litio en 2030, y hasta 60 veces más en 2050. El litio, por cierto, acababa de incluirse en la lista de materias primas fundamentales para la UE. 

Según el vicepresidente, los proyectos respetarán “los más altos estándares ambientales y sociales”. Sin embargo, en un escenario de escasez de materiales o de ruptura de las cadenas de suministros, es probable que los costes de producción empiecen a ser ‘socialmente aceptables’, sobre todo si a todo el paquete se suma la promesa de empleo o financiación, y si los estándares ambientales se ‘flexibilizan’ para cumplir con el objetivo de la ‘autonomía estratégica’.

 

De hecho, la resolución aprobada por el Parlamento pide expresamente que se faciliten “los proyectos de inversión estratégicos a largo plazo en el ámbito de las materias primas fundamentales”, y que se refuerce la Alianza Europea sobre Materias Primas (ERMA), que reúne a cientos de empresas, asociaciones comerciales y gobiernos. Es decir, un organismo público-privado con capacidad para identificar y “canalizar” los proyectos de inversión, al estilo de los partenariados público-privados que, desde hace años, se dedican a “gestionar” el agua y el suelo en muchas de nuestras ciudades, despoyendo a la gente de los comunes que necesitan para vivir.

En este contexto, la Comisión y el Parlamento son conscientes de que las movilizaciones sociales serán el último dique de contención frente a las minas, y por eso se ‘comprometen’ a garantizar “que las autoridades locales adopten y apliquen el derecho de las comunidades locales a una participación efectiva e inclusiva en los procedimientos de autorización de nuevos proyectos de prospección y extracción minera, en todas las fases de los proyectos mineros y cuando se presenten solicitudes de autorización para la ampliación de minas existentes”. También hablan del “derecho” de las comunidades locales a recurrir a “tribunales independientes y organismos de supervisión exentos de conflictos de intereses”. No hace falta detenerse mucho en este asunto, habida cuenta de las escasísimas y frustrantes herramientas de participación que tenemos a nuestra disposición, mucho más si se trata de recurrir a tribunales “independientes” que eviten una política predatoria. Sería risible si no fuera un auténtico drama.

A todo este dislate se une la cuadratura del círculo, porque lo que se pretende es asegurar el abastecimiento de materias primas y la protección de la naturaleza y la biodiversidad. En un momento de crisis hídrica y, a sabiendas de que la minería no solo produce el 23% de las emisiones del planeta, sino que se chupa el agua de todo cuanto le rodea, si hay algo que queda claro es que el papel lo aguanta todo. Hace tiempo que sabemos que la soberanía energética y alimentaria, sobre un planeta finito, no pueden alcanzarse simultáneamente y con la misma intensidad. Llevamos años ejercitando una ficción que prescinde de datos reales y mapas, y parece que este es el cuento de nunca acabar.

Finalmente, quiero señalar un detalle interesante de la resolución parlamentaria: “Considerando que en la Unión están en curso cuatro proyectos de extracción sostenible de litio por un total de 2 000 000 000 EUR, que deberían estar en funcionamiento entre 2022 y 2024; que se espera que cubran hasta el 80 % de las necesidades de litio de la Unión en el sector de las baterías de aquí a 2025, contribuyendo así directamente a nuestra autonomía estratégica…”. Aunque es difícil encontrar los detalles, parece que se trata de los proyectos de República Checa (el más avanzado, en manos de Cinovec), Austria (Wolfsberg, de European Lithium), Portugal (la Mina do Barroso gestionada por Savannah Resources) y España (en San José de Valdeflórez, Cáceres, en manos de Infinity Lithium). De manera que, españoles y extremeños, nos hemos de sentir concernidos, porque la de Cáceres no es una mina más, sino un proyecto de carácter estratégico situado en el mismísimo ojo del huracán.

En fin, muchos de los que dicen defender a agricultores y ganaderos están, en realidad, pensando en agujerear sus tierras, privatizarlas, desecarlas y convertirlas en basureros. Fanáticos de las distopías decimonónicas de la revolución industrial y las grandes urbes, están dispuestos a rapiñar lo que haga falta para seguir viajando, a gran velocidad, en su particular y tóxico tren de vida. Es muy importante que no olvidemos quiénes son los mercaderes que se quieren instalar en nuestros templos.

Fuente:Blog del Proyecto Lemu

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