Política

La Corte Suprema debe pronunciarse sobre un peligroso pedido de Mariano Macri

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de resguardar la indemnidad del secreto periodístico o bien de sentar un peligroso precedente para que cualquier particular que se sienta afectado por una información pueda por medio de una simple “medida preliminar” acceder a los archivos privados de medios y trabajadores de prensa. El máximo tribunal debe pronunciarse sobre la pretensión de Mariano Macri, hermano del expresidente, de que el periodista Santiago O’Donnell le entregue los audios de las 18 horas de entrevistas en las que describió la trama de poder, política, negocios y familia detrás de Mauricio Macri, que fueron la fuente principal –pero no la única– del libro Hermano, publicado el año pasado. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por su sigla en inglés) advirtió ayer que se trata de “un peligroso precedente, que afecta el ejercicio periodístico y la libertad de información”. La red Voces del Sur, que reúne a 13 organizaciones de periodistas de Latinoamérica, le reclamó por su parte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte una medida cautelar “para proteger la libertad de expresión del periodista argentino”.

El hermano menor de Macri, que a mediados de año ratificó en una entrevista con el diario Perfil el largo testimonio que había prestado ante O’Donnell, hizo primero un intento en sede judicial para impedir la publicación del libro, que fue rechazado en dos instancias. A fines de 2020 que la jueza Marta Gastaldi –subrogante en el Juzgado en lo Civil 6 de Capital Federal– intimó al autor del libro a entregar una copia de las grabaciones de los encuentros que mantuvo con su fuente entre enero y agosto de ese año. Lo hizo en el marco de una medida preliminar destinada a “brindar certeza” para la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios.

Los abogados Damián Loreti y Cristian del Rosario pidieron que se revoque esa decisión y argumentaron que contraría disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la Nación y del Sistema Interamericano de derechos humanos. La principal se relaciona con el secreto periodístico, que no sólo incluye el resguardo de la fuente. La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH consagra que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. En el mismo sentido, la ley 4.565 de la Ciudad de Buenos Aires establece que “queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional”.

Sin embargo, en mayo, finalizada la subrogancia de Gastaldi, la flamante jueza Andrea Alejandra Imatz confirmó la decisión de su predecesora. La magistrada rechazó luego un recurso extraordinario de la defensa del periodista, que el 25 de octubre recurrió en queja a la Corte Suprema, no por temas procesales sino por el peligro concreto que la pretensión de Mariano Macri implica para la libertad de expresión en la Argentina.

El programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)  hizo pública ayer su preocupación “por la decisión de una juez que ordenó al periodista Santiago O’Donnell entregar las grabaciones de entrevistas que hizo para su libro Hermano”. “Se sienta un peligroso precedente, que afecta el ejercicio periodístico y la libertad de información”, manifestó.

Voces del Sur le solicitó una cautelar a la CIDH y destacó que la orden judicial “viola grotescamente principios esenciales que el Estado Argentino está obligado a proteger de acuerdo a tratados internacionales que suscribió, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos”. Destacó que Macri “había consentido ser entrevistado y grabado” y que la decisión de la jueza “viola arbitrariamente la libertad de expresión”. “No tiene base jurídica ni precedente alguno, salvo en países sin democracia. Es un acto de dictadura judicial que ha merecido la solidaridad de los defensores del periodismo libre y de los más connotados juristas argentinos”, remarcó.

Fuente:Página12

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