Política

«Gestapo» macrista: Lo que admitió Julio Conte Grand y lo que no pudo contestar

«Sí, tuve reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia». «También tuve un celular encriptado». «Era todo por la cumbre del G-20». «No sé de la relación de fiscales de la provincia con los servicios». «No me voy a hacer cargo de lo que dijo (el exministro de Trabajo bonaerense) Marcelo Villegas». «No supe nada de la reunión en el Banco Provincia». «Igual, son normales las reuniones con empresarios». «Fui a comer con Mauricio Macri por algo personal y no tenía dónde recibirlo». Palabras más, palabras menos, las frases reflejan parte de lo que dijo el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, a lo largo de las dos horas y media en las que estuvo declarando ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. La mayoría de los diputados y senadores presentes quedaron disconformes con las respuestas que el jefe de los fiscales, hombre de confianza de la exgobernadora María Eugenia Vidal, les dio, e incluso en algunos momentos el diálogo se volvió tenso. Por lo pronto, decidieron citar a Villegas para el 3 de febrero, ya que en el video de la reunión en el Banco Provincia donde se planifica el armado de causas contra sindicalistas junto a empresarios y tres directivos de la AFI es la persona que dice que está todo hablado con «la Procuración, fiscalía y con el juez».

La Bicameral de Inteligencia tiene como objetivo establecer si Conte Grand, el organismo que dirige y los fiscales que dependen de él participaron junto con agentes de inteligencia en el armado ilegal de causas judiciales. El disparador para convocarlo fue el video de la reunión en el Bapro del 15 de junio de 2017, donde había funcionarios del gobierno de Vidal (los exministros Villegas y Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi), el senador Juan Pablo Allan y el intendente platense Julio Garro, empresarios y tres directivos de la AFI (Juan Sebastián De Stefano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra). Quien también mencionó a Conte Grand en la propia Bicameral fue el comisario bonaerense Hernán Casassa, que lo vinculó con una mesa judicial provincial que asoció con la mesa judicial nacional y explicó un mecanismo de recolección irregular de información para generar denuncias penales contra dirigentes políticos, sindicales y jueces, entre otros. En la declaración de este jueves estuvieron presentes los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Cristian Ritondo y Miguel Bazze y el senador Mariano Recalde. Algunos creen que finalmente se presentó –tras intentar declarar por escrito– para amortiguar el juicio político en su contra.

«Gestapo» antisindical

Para empezar la audiencia, según pudo reconstruir Página/12, le mostraron a Conte Grand la parte de la filmación de la reunión en el Bapro, donde Villegas alude a él al proponer armar causas: «El esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial (…). Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas». Luego subrayó: «Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar (…) No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador del gobierno nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial».

La respuesta de Conte Grand fue que todo lo dicho por Villegas «corre por su cuenta» y que él no se hará «cargo». Los legisladores le señalaban que en video parecían hablar de un acuerdo, y el procurador insistía en que no. Tampoco supo, según dijo, de la existencia del encuentro en el Bapro, aunque al comienzo intentó justificar que las reuniones de empresarios y funcionarios son habituales, y que es tarea de la Procuración acompañar a estos últimos hayan hecho o no denuncias. Igual insistió en que no sabe a qué se refería Villegas con su comentario.

Fiscales y espionaje

En un tramo le preguntaron sobre los vínculos de algunos fiscales provinciales con la AFI. «No conozco», dijo. «No sé». «Abriré un sumario». Esas fueron algunas respuestas. Le mencionaron al fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y las denuncias por su relación con agentes de la central de inteligencia. Scalera había sido denunciado junto con Conte Grand por el fiscal general de Lomas, Enrique Ferrari, quien advirtió que desde la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen se armaban investigaciones preparatorias para «perseguir políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, entre otros, donde han participado funcionarios de la AFI». Disolvió la unidad. Ferrari terminó con una licencia forzosa y Scalera lo reemplazó. Este último impulsó desde su cargo la detención de Hugo y Pablo Moyano en una causa sobre irregularidades en Independiente. El juez era el de Avellaneda, Luis Carzoglio. El procurador dijo desconocer la relación de Delitos Complejos con servicios de inteligencia.

También le preguntaron al procurador por otro fiscal de Lanús, Mariano Leguiza Capristo, quien habría oficiado de nexo para avisarle a Carzoglio que Mauricio Macri quería hablar con él, y luego que fueran a verlo en agosto de 2018 dos agentes de la AFI, De Stéfano –uno de los presentes en la mesa del Bapro, que era director de Asuntos Jurídicos– y Fernando Di Pasquale, que se ocupaba de la finanzas. El propio Carzoglio contó que los espías le fueron a decir que el gobierno esperaba la detención de los Moyano, y le terminaron mandando un borrador con la orden de arresto y de allanamientos en Camioneros. Carzoglio fue suspendido en su cargo. Conte Grand, no sabe no contesta. Un episodio que coincide con el intento de meter presos a los Moyano es el cableado con micrófonos y cámaras de la AFI en el penal provincial de Melchor Romero. Se lo señalaron al jefe de los fiscales, pero tampoco sabe ni contesta.

También le señalaron otro caso: el del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, procesado como parte de la organización de espionaje estatal y paraestatal conocida a través de la figura de Marcelo D’Alessio, y condenado incluso junto con el falso abogado en una causa por extorsión contra un empresario aduanero, Gabriel Traficante, que también involucró a dos hombres de la AFI. Juntaban información de bases datos por vías ilegales para exigirle dinero. Los aprietes y carpetazos han sido un mecanismo «pariente» del armado de causas. A Conte Grand le marcaron que Bidone se manejaba con legajos secretos que la Procuración había habilitado, que permiten investigar sin orden del juzgado, y él dijo no tener acceso.

El procurador dijo que tampoco sabía de la existencia del proyecto AMBA, que consistió en la instalación de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires, donde de tres bases originales se pasó a nueve. Según los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fue la propia Vidal la que eligió la localización. A Conte Grand le mostraron esa declaración, e incluso Moreau le preguntó si la exgobernadora no le había dicho nada, pero insistió en su postura de no saber. En el expediente del D’AlessioGate se determinó que había al menos 87 agentes desplegando tareas de inteligencia ilegal en territorio bonaerense sobre organizaciones políticas, sociales, sindicales –con especial énfasis el sindicato docente– comedores y merenderos. Un rasgo particular y sugestivo es que esas bases tuvieron a cargo, entre otros, a excomisarios bonaerenses como Vicente Melito y Daniel Salcedo.

Celulares encriptados, visitas dudosas 

Hubo un momento de sorpresa en la sala cuando Conte Grand dijo con cierta naturalidad que había estado varias veces en la AFI. Mencionó reuniones con Arribas y Majdalani y que fue en el contexto de los preparativos para la cumbre del G-20. Si algo han revelado las investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Macri es que la reunión del G-20 (2018) así como la de la Organización Mundial de Comercio (2017) fueron excusa para desplegar una estrategia de espionaje de amplio espectro que abarcó desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, así como periodistas y organizaciones sociales. Hay diferentes causas donde el argumento del G-20 se repite. En un caso se detectó que se le dio acceso a la AFI a todas las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego le preguntaron si era cierto que había obtenido un celular encriptado (que restringe el acceso a datos del aparato y el rastreo de comunicaciones). «Sí, me lo dieron en una reunión en la AFI, me dijeron que era por si había una emergencia con causas federales».

— Pero usted no tiene a cargo casos federales –le retrucó uno de los diputados oficialistas, que le hizo notar que el procurador interino, Eduardo Casal, que tiene competencia federal, no tenía un celular encriptado, ni ninguno de los procuradores fiscales de las provincias.

Conte Grand agregó un dato sorprendente: contó que le habían dicho que el teléfono en cuestión también era para comunicarse con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que no es otra cosa que la oficina de escuchas de la Corte Suprema con facultades ampliadas (que Macri le entregó al alto tribunal para sacárselas a la Procuración en tiempo de Alejandra Gils Carbó). Se supone que entre la AFI y la Dajudeco no debía haber relación salvo ante pedidos judiciales específicos de asistencia, algo que incluso la propia Corte indicó limitar ante las filtraciones célebres de escuchas, empezando por las de CFK y Oscar Parrilli.

Con el macrismo fueron repartidos 120 celulares encriptados y lo llamativo es que muchos de esos aparatos fueron entregados a personas que no eran funcionarios del Poder Ejecutivo.

Para rematar el tema Conte Grand dijo: «Nunca usé ese celular y lo devolví». Aclaró que no recordaba cuando fue que lo entregó.

La foto con Macri 

La foto de procurador almorzando con Macri en el restaurante Kansas, que se conoció en diciembre, también fue tema en la declaración. «Fue una imprudencia almorzar con Macri, que está procesado por espionaje», le dijo uno de los diputados. Su respuesta fue que quiso hablar con él por un tema personal y que, salvo en La Plata, no tenía donde recibirlo. Acotó que cierta vez usó un lugar enfrente de la casa Ritondo, quien está señalado en la mesa judicial.

 

Fuente:Página12

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