IgualdadSociedad

Escuelas privadas, subsidios públicos

El caso del colegio Cardoso, que a días del inicio del ciclo lectivo cerró sus puertas sin previo aviso, argumentando que no le cerraban los números ante la baja en la matrícula (ver aparte), actualizó el debate alrededor del siempre espinoso tema de la educación privada en la Argentina, con el enorme crecimiento que tuvo en las últimas décadas. Tanto, que hoy en la Ciudad de Buenos Aires la mitad del alumnado concurre a escuelas o jardines privados. En Córdoba ocurre lo mismo con el nivel secundario, y hay casos como La Pampa, donde el 25% de la matrícula secundaria es de colegios privados, todos con el 100 por ciento de subvención estatal.

Semejante expansión del sistema de gestión privada, aún con grandes crisis económicas de por medio, abre preguntas sobre el rol social que debería ocupar, según establece claramente la Ley Nacional de Educación. También si termina funcionando como complemento o como parche, allí donde la escuela pública no llega (el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde año a año crecen los reclamos por la alarmante falta de vacantes, es paradigmático), o bien está fallando, porque como se hace evidente al ver los números, no está respondiendo a las expectativas de amplios sectores medios de la población, que no la están eligiendo.

No menor es la discusión sobre cuántos subsidios reciben los colegios privados, cómo se decide su otorgamiento, y sobre todo qué controles existen sobre estas erogaciones de los Estados provinciales y de CABA. Los especialistas coinciden en que es justamente allí donde radica una de las grandes falencias, en la falta de transparencia y control. Hoy no existe en el sistema educativo argentino ningún organismo, dirección, secretaría, oficina, equipo, que pueda detectar subsidios mal asignados.

Más aún: tal como ha ido tejiéndose el sistema, aparece una dificultad estructural para avanzar con los cambios más obvios, aun cuando los errores o abusos son detectados.

La gran pregunta, en el fondo, sigue siendo la misma: qué importancia se le asigna a la educación pública en la Argentina.

Lo que dice la ley

La Ley Nacional de Educación reconoce cuatro tipos de gestión: estatal, social, cooperativa y privada. Las gestiones social y cooperativa deberían tener mayor protección estatal, pero esto no ha sido regulado desde que se sancionó la ley, en 2006 (a excepción de jurisdicciones como Neuquén), por lo que suelen considerarse directamente como gestiones privadas.

La ley habla de «aportes a la gestión privada» (no de subsidios) y dice que son exclusivamente para financiar salarios docentes (no gastos corrientes ni infraestructura). En tanto la educación es básicamente trabajo humano aplicado, los salarios representan el mayor gasto. Pero, como analiza Cecilia Sleiman en un trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional, “las transferencias no son el único financiamiento que reciben las escuelas privadas por parte del Estado. Otro beneficio es la exención impositiva, al menos en IVA y Ganancias, ya que las escuelas son consideradas entidades sin fines de lucro. Y una tercera ventaja es la exención de pagar contribuciones patronales a sus docentes, lo que responde a una larga tradición política”.

A esto se suman diferentes fondos especiales que las jurisdicciones van disponiendo, como el Programa Apoyo Económico a la Primera Infancia para maternales sin subsidios, o el Fondo de Financiamiento de Escuelas Seguras en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que abarca al sector privado.

Justicia social

La ley habla, además, un «criterio objetivo de justicia social» para asignar aportes a un colegio privado, «teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca».

Lejos de visualizar unidades de negocios, el espíritu de la ley resalta un fin social, que excede al educativo en un sentido restrictivo.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además, la Constitución establece en su artículo 25 que «la Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos».

Una trampa extraprogramática

La ley también regula cuánto pueden cobrar de cuota los colegios que reciben aportes estatales (que van del 40 al 100 por ciento): a mayor subsidio, menor cuota. Pero hay una «trampita»: se pueden sumar hasta cinco módulos «extraprogramáticos» (idiomas, informática, deportes) como parte de la oferta de enseñanza, lo que eleva la cuota posible al doble. Se agregan también gastos de mantenimiento y seguros.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que publica los topes máximos fijados para las cuotas y las declaraciones juradas que están obligados a hacer los colegios privados de sus aranceles. Esos topes hoy van desde 2.624 pesos para inicial y primaria y 2.894 para secundarias que reciben el 100 % de aporte; hasta 12.138 y 15.775 pesos, respectivamente, en el caso de los que tienen 40 por ciento de subsidios. Para la jornada completa de Inicial y Primaria se permite cobrar hasta un 50% más de cuota; para la jornada extendida, hasta un 25% más.

Algunos ejemplos

En las declaraciones juradas (y en los recibos que se extienden a las familias) se comprueba cómo la gran mayoría duplica las cuotas de modo «extraprogramático». Pero además se ven casos de colegios que no reciben exactamente «alumnos de menores recursos», ni están ubicados en zonas desfavorecidas, y que sin embargo reciben subsidios altos.

La ORT mantiene subsidiado su nivel superior, el año pasado recibió casi 6 millones y medio de pesos.

El caso del tradicional Colegio Guadalupe, de la Congregación del Verbo Divino, en el barrio porteño de Palermo, es uno de los que ya ha denunciado el Observatorio de la Ciudad. Recibe un subsidio estatal del 40 por ciento y cobra cuotas que rondan los 30 mil pesos. La matrícula 2022 es de 30 mil pesos, tanto en primaria como en secundaria.

Las tarifas son similares a las que cobra, por elegir un ejemplo posible entre muchos, un colegio como el Galileo Galilei de Almagro, que sin embargo no recibe subsidio alguno, ofreciendo los mismos «amenities» (doble jornada bilingüe opcional y módulos extraprogramáticos de práctica deportiva, computación y taller de proyectos estéticos) y becas.

También ubicado en Palermo y de grandes dimensiones, el caso del colegio Santa Teresa de Jesús es más extremo: recibe un 50 por ciento de subsidios y según su declaración jurada cobró el año pasado matrículas de 48.500 y 57.600 pesos para primaria y secundaria.

De perfil laico pero perteneciente a la comunidad judía, un colegio como el ORT, que cobra cuotas de más de 30 mil pesos, también sigue subsidiado. En 2019, luego de la polémica por la difusión de este dato, la dirección renunció al subsidio que recibió durante años el nivel secundario. Pero se mantiene subsidiado en un 80% su nivel superior, por el cual la ORT recibió el año pasado casi 6 millones y medio de pesos para sus sedes de Almagro y Belgrano, según los cálculos que sacó el Observatorio de la Ciudad (basados en el presupuesto, el Boletín Oficial y los pedidos de informes).

Aunque los ejemplos se multiplican en CABA por el tamaño de su sistema privado y la gran transferencia de recursos que hay en este distrito (ver aparte), esta situación de recursos públicos (mal) asignados a escuelas acomodadas se repite en todo el país.

Fuera de control

El sector privado está muy regulado en lo pedagógico: en todas las jurisdicciones hay equipos de supervisión que existen y funcionan, más allá de los intereses que puedan incidir. Lo que no se ejerce sobre los colegios privados es un control de tipo financiero, que pueda detectar cuándo se están dando aportes que no se condicen con las características de la escuela, su función social, o con lo que cobran de cuota una vez sumados todos los “extras”. O cuándo –como ocurre en tantos ejemplos que saltan a la vista– el colegio o el barrio ha cambiado su situación a lo largo de los años, de modo que ya no corresponde el aporte que décadas atrás fue otorgado.

El problema se vuelve más complejo al analizar un entramado ya hecho carne en las jurisdicciones a lo largo de los años, las resistencias y obstáculos que enfrentaría cualquier intento de cambio. Está la presión de la Iglesia, gran actor de la educación privada en la Argentina. Mario Wainfeld ha relatado en este diario la sorpresa del embajador Carlos Custer cuando, en su primera reunión con Juan Pablo II, al ir a presentar sus credenciales, el Sumo Pontífice se despachó hablándole de las eventuales subas de salarios a docentes privados como preocupación principal.

Hoy están también las cámaras de enseñanza privada, fortalecidas con los años y con influencia directa en los despachos de Educación del país. Pero, sobre todo, la mirada de cada vez más amplios sectores medios de la sociedad que perciben a la educación privada como necesaria y deseable, en tanto superadora de lo público.

Entonces, ¿qué pasaría si comienzan a retirarse tantos subsidios que no corresponden, pero que se mantuvieron por años? ¿Qué se podría hacer con ese dinero si se transfiere al sistema público? Pero también: ¿Qué pasaría si esos colegios comienzan a aumentar las cuotas? ¿Cómo afectaría al humor social, y cómo presentarían el tema las tapas de los grandes diarios?

Las respuestas imaginables responden también por qué ningún gobierno, más allá de los cambios de signo político, ha encarado nunca este tema tan evidente y no menor en los presupuestos educativos.

CABA, el gran tamaño

Ese potencial («puede realizar aportes») que indica la Constitución porteña se ha transformado con el tiempo en un «debe» estructural, dado el tamaño que alcanzó su sistema privado. Como describe con precisión el trabajo que hizo el especialista Alejandro Morduchowicz para la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad en 2020 (La educación privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires : quién, cómo, dónde), en CABA uno de cada dos alumnos asiste a una escuela privada. El Nivel Inicial es el que tiene más alumnos, con un 55% del total del nivel y casi un 60% de jardines privados. En secundaria, casi el 70% de las escuelas son privadas. (SUMAR CUADROS)

«La mayor parte de los establecimientos privados de los niveles obligatorios de la CABA recibe algún tipo de subsidio estatal (71,2%). Los independientes de aportes (cero subsidios) son el 35% del Nivel Inicial, seguidos por los de primaria (26,9%) y los de secundaria (21,2%)», detalla también el estudio. Los que reciben un 100 por ciento de aportes son el 30% del total, con participaciones muy similares en cada nivel. Son en su mayoría los llamados «parroquiales», instituciones católicas que cobran cuotas bajas y que suelen funcionar en los hechos como «parches» al problema de vacantes que se agrava con los años en la Ciudad.

Un ejemplo entre muchos: el barrio de Villa Ortúzar, tal como consigna este trabajo, es uno de los dos de la Ciudad (junto con Villa Santa Rita) en los que no hay ni un solo jardín público. Los jardines privados de la zona están cobrando cuotas de entre 20 y 35 mil pesos para las jornadas completas o extendidas. Muchas familias, aunque no profesan el culto católico, no tienen más opción que mandar a sus hijos al San Roque, que con un subsidio del 100 por ciento tiene cuotas cercanas a los 6 mil pesos.

Números

El Gobierno porteño destinó el año pasado algo más de 18 mil millones de pesos a transferencias a escuelas de gestión privada. Esto representa el 17,1 % del presupuesto total asignado para el año a Educación, un porcentaje que se mantiene relativamente estable en los últimos años. Las otras jurisdicciones que más transferencias realizan son Córdoba, con un 21,5 % de su presupuesto, y Santa Fe, el 19,5 %.

En la provincia de Buenos Aires, cerca del 38% de los alumnos concurren a escuelas privadas, y las transferencias a escuelas privadas, tanbién son altas, cerca del 12 % del presupuesto total destinado a la educación. Según los últimos datos disponibles de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación, hasta 2018 las provincias con menos subsidios a la educación privada (y con menores tamaños en este sistema) son Chubut, con (4,2% de subsidios), Jujuy (4,4%) Formosa (4,5%).

En CABA, la Auditoría de la Ciudad adviertió sobre los criterios poco transparentes que se manejan, con una observación interesante: a diferencia de otros presupuestos, es el único que año a año la Ciudad ejecuta en su totalidad.

Desde el Observatorio de la Ciudad han denunciado esta situación como una «privatización indirecta» de la educación porteña: «No se construyen nuevas escuelas públicas y la falta de vacantes se agrava, el presupuesto de educación decrece en un 10 por ciento en los últimos diez años, mientras el sector privado crece y los subsidios también», denuncia Jonatan Baldiviezo.

El caso del Cardoso

En el caso del Cardoso, concretamente, aparece un colegio secundario que recibe aporte gubernamental del 80 por ciento, esto significa que ese porcentaje de los sueldos docentes está desde el vamos cubierto. Posee dos turnos (mañana y noche) y hasta noviembre había 52 alumnos matriculados para empezar este año en toda la escuela; en primer año 5; en quinto 20. “Pero los papás que quisieron pagar a partir de diciembre empezaron a tener problemas con los depósitos, y en febrero ya directamente no tomaron los pagos. Mi hijo va a quinto y son 30 compañeros, menos un chico que avisó que se cambiaba de escuela, era obvio que iban a seguir todos. Nos dijeron que sin una mínima cantidad de matriculados, no podían cumplir con lo que la Ciudad les exige para otorgarles el subsidio”, contó a Página/12 Mariana.

Desde la Ciudad de Buenos Aires dijeron a Página/12 que, con la excepción de los dos años de pandemia –cuando se contempló exceptuar este mínimo– se siguen aplicando los lineamientos generales del Decreto 2542/ 91 (previo a la descentralización del sistema y a la Ley de Educación), que establece un mínimo de 20 alumnos y 10 para el turno vespertino en la enseñanza media por curso, o bien un promedio entre los cursos. El rol del Ministerio fue ayudar a conseguir otras vacantes en colegios privados o públicos (muchos en el Instituto Susini de Flores, que recibe aportes del 60 por ciento y cobra una cuota algo mayor que el Cardoso, que era de 11.500 pesos).

Fuente:Página12

Comentarios (23)

Comenta aquí